Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada mantienen un control territorial arraigado en la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento de Magdalena y otras zonas aledañas, generando fuertes implicaciones para la población civil y la economía local. Actualmente, representan un desafío para la lucha contra las finanzas criminales por la estrecha relación que se ha formado entre el desarrollo turístico y la gobernanza criminal. A pesar de los intentos de diálogo y acercamientos entre el actual gobierno y este grupo, la falta de claridad para negociar con este tipo de estructuras ha generado que desarrollen nuevas estrategias en su rol dentro de las economías ilícitas, lícitas e informales en lo local.
Partiendo de un contexto histórico y con un impacto directo en la iniciativa de Paz Total del Gobierno nacional, es importante destacar que la diáspora delictiva resultante de la desmovilización de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) continúa generando factores disruptivos en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Esta situación se debe a la presencia y las actividades criminales de los grupos armados ilegales (GAI), que buscan controlar economías ilícitas, disputar la hegemonía y el territorio con otros grupos ilegales, mantener el monopolio de la fuerza y justicia. Estos elementos contribuyen a perpetuar un ciclo de violencia en el que, sin importar los actores involucrados, la sociedad civil sigue siendo afectada.
El presente análisis plantea inicialmente una caracterización de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que incluye información sobre su estructura criminal, área de influencia, afectaciones a la población civil y fuentes de financiamiento. Estas variables son utilizadas en la construcción de las bases de datos de organizaciones criminales en el Sistema de Análisis de Grupos Armados (SAGA). Además, se realiza una aproximación al tema del Lavado de Activos asociado al turismo.
Aunque las ACSN tienen un arraigo histórico, su reconocimiento a nivel nacional no es tan destacado en comparación con otros grupos, ya que su presencia está localizada en sectores específicos.
Sin embargo, esto no significa que tenga un menor grado de afectación e impacto en las áreas donde ejerce influencia. Quizás esta fue una de las razones que motivaron al Gobierno nacional a iniciar acercamientos con este grupo. En este contexto, es importante destacar algunos hitos clave.
- En septiembre del 2022, a través de un comunicado público se manifestó la voluntad por parte de las ACSN de unirse a la propuesta de Paz Total convocando incluso a un cese unilateral de hostilidades (Infobae, 2022a).
- El 31 de diciembre del mismo año, mediante el Decreto 2659, se anunció el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional desde el 1 de enero al 30 de junio del 2023. A los pocos días de terminar ese periodo, las ACSN manifestaron el interés de dar continuidad al cese, pero no hubo respuesta por parte del Gobierno. Sin embargo, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) se dio continuidad a los acercamientos (El País, 2023).
- El 9 de junio del 2023 la Fiscalía General de la Nación (FGN) negó la suspensión de las ordenes de captura a representantes de las ASCN1. El ente acusador informó que no se pueden “(…) adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Cabe aclarar que las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de acuerdo con lo previsto en la Ley 2272 de 2022” (Fiscalía General de la Nación, 2023).
- En octubre del 2022, tras una visita del entonces Alto Comisionado para la Paz, las ACSN presentaron una propuesta de paz para tener participación política, civil y social con el interés de posicionarse como movimiento político y social en la región (Infobae, 2022b).
- En diciembre del 2023, tras la insistencia de las ACSN de instalar una mesa de diálogos, fuentes en territorio comentaron que la OACP respondió que tras superar algunos inconvenientes se esperaba dar continuidad con la segunda fase dialógica.
- Finalmente, en enero del 2024, tras una invitación por parte de las ACSN y algunos representantes de la población civil se generó el espacio para la instalación de la mesa, sin embargo, no hubo presencia de delgados de la OACP por lo que no se logró avanzar en el proceso (RCN Radio, 2024).
Las ACSN, como herederas de estructuras paramilitares, continúan siendo percibidas como organizaciones criminales sin carácter político. A pesar de la voluntad manifestada por parte de la estructura armada, las decisiones de entidades como la FGN parecen haber determinado que solo podrían llevarse a cabo acercamientos y conversaciones con el fin de que se sometan a la justicia y sean desmanteladas. Esto ha generado una percepción de falta de claridad y abordaje por parte del actual gobierno frente a dicho diálogo.
Sumado a esto, en el territorio se asegura que los operativos militares han aumentado. Aunque las ACSN evitan combates con el Ejército, aún se reportan enfrentamientos con las AGC/Clan del Golfo debido a que sus zonas de influencia están en disputa.
Para comprender mejor esta dinámica, a continuación, se presenta una caracterización de este grupo armado ilegal:
Estructura organizacional y zona de injerencia
Como se mencionó anteriormente, el origen de este GAI se relaciona directamente con el paramilitarismo ya que surge del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas AUC, comandado por Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, ‘El Taladro’ o ‘El Señor de la Sierra. Tras el proceso de desmovilización y la extradición de este excomandante a Estados Unidos en 2008 (InSight Crime, 2022), dejó una red familiar que dio continuidad a lo que se conoció como la Oficina del Caribe.
Debido a factores como la inferioridad en armas y número de miembros en comparación con las AGC o Clan del Golfo, así como el hermetismo en la revelación de su estructura y una presencia más sectorizada, no existe una cifra oficial que indique cuántos hombres conforman la organización. Según la OACP, serían aproximadamente 800, mientras que la propia organización afirma que son 1,100. Por otro lado, inteligencia militar estima que cuentan con 250 integrantes, la cifra más baja reportada.
En 2012, el grupo entró en confrontación con las AGC o Clan del Golfo por el control del narcotráfico en la zona hasta que en 2013 se forjaron alianzas cuando asumió el liderazgo Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Chucho Mercancía’ o ‘Chucho Pachenca’, antiguo comandante de las AGC, de ahí que a este grupo también se le conozca como Los Pachenca.
En 2019, debido a que la Fuerza Pública dio de baja a alias ‘Chucho Pachenca’ y a otros cabecillas, esta estructura comenzó a debilitarse militarmente.
Con este escenario, asumió el liderazgo alias ‘80’, quien da fin a la alianza con las AGC o Clan del Golfo, dando lugar a nuevas disputas por el control de economías ilícitas como el narcotráfico por el Caribe. Este comandante también es abatido durante un operativo y dentro de los sucesores destacaron los hermanos alias ‘Pinocho’ y alias ‘Muñeca’ (InSight Crime, 2022):
Respecto a la estructura armada, esta es hermética y hay poca claridad en cuanto a su operatividad. Sin embargo, las ACSN a través de un comunicado y un video que difundieron en redes sociales en 2020 (Verdad Abierta, 2020), señalaron que la presencia no se reduce a la Sierra Nevada, sino que están en otras zonas a través de los siguientes frentes y zonas de influencia:
Fuente: elaboración propia, 2024
Para esta estructura ilegal, no ha sido posible identificar relaciones de jerarquía entre los frentes que adelantan actividades criminales a nombre de las ACSN.
En cuanto a la geografía, las ACSN tienen una fuerte presencia en el departamento de Magdalena, particularmente en los municipios de Zona Bananera y Ciénaga. Este último es el epicentro económico de los centros poblados del macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su principal interés se centra en la Troncal Caribe, lo que también se refleja en su influencia en el Distrito de Santa Marta.
Desde un punto de vista geográfico, la Sierra Nevada ofrece condiciones favorables para las ACSN tanto en lo económico como en lo militar pues cuenta con corredores de movilidad naturales y un relieve montañoso. Además, el arraigo sociocultural de sus integrantes, en algunas ocasiones, también facilita el relacionamiento con las comunidades locales.
Además, tiene injerencia territorial en departamentos como La Guajira, en los municipios de Dibulla y Riohacha y de manera más esporádica en Atlántico, específicamente en Barranquilla, realizando acciones extorsivas y operaciones logísticas de contrabando. Por otro lado, se han registrado acciones puntuales como homicidios selectivos y casos de extorsión a establecimientos comerciales que tradicionalmente han pagado a las AGC en el marco de la disputa con las AGC o Clan del Golfo en el departamento del Cesar, en municipios como Astrea, Chimichagua, El Copey, La Paz e incluso Valledupar.
Mecanismos de control poblacional
Aprovechando el arraigo al territorio de algunos miembros que forman parte de las ACSN, se han establecido relaciones de confianza -consensuadas en algunos casos, en otras mediadas por la amenaza- que les permiten ejercer influencia directa en los espacios de participación, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), dependiendo de los temas a tratar y los intereses del grupo. De igual manera hay indicios de constreñimiento para garantizar su participación en estos espacios.
Este grupo impone normas de convivencia llegando incluso a sustituir la competencia de los comités de convivencia de las JAC para la resolución de conflictos. Además, establecen un valor por el “servicio” que prestan a la comunidad, lo que implica una modalidad extorsiva.
También se han presentado casos puntuales en los que se evidencia control de espacios de movilización. Por ejemplo, en el marco de la Paz Total, en abril de 2023 se llevaron a cabo marchas pacíficas que congregaron a comunidades campesinas de 52 veredas cercanas a la Troncal Caribe, en dirección al corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta (El Informador, 2023). Aunque las consignas de la marcha incluían otros temas, como incumplimientos de obras de los PDET, inconformidad por la estigmatización de la población y exigencias por la prestación de servicios públicos, el objetivo principal era hacer un llamado al gobierno distrital y nacional sobre los acuerdos pactados para la fase exploratoria del diálogo con las ACSN. En este espacio, se registró la coacción a las comunidades de la parte alta de la Sierra Nevada por parte de las ACSN para que participaran en las marchas. Con este fin, se dieron instrucciones y se facilitaron medios de transporte.
En cuanto a restricciones a la movilidad, imponen horarios de circulación. Este control es más estricto en las zonas altas de la Sierra, donde se regula el ingreso de personas provenientes de otras zonas.
Formas de opresión y violencia contra la población
El contexto de disputa territorial también ha generado escenarios de señalamientos y estigmatizaciones tanto por parte de las ACSN como de las AGC o Clan del Golfo. Precisamente esa situación ha sido la causa de diversos casos de homicidios selectivos bajo la dinámica de ajuste de cuentas.
De acuerdo con actores locales, el congelamiento de los diálogos ha facilitado el aumento de las afectaciones contra la población civil en lo que va del 2024, especialmente de la extorsión, el despojo de tierras, el confinamiento y el desplazamiento individual de miembros de las comunidades campesinas e indígenas. En cuanto al homicidio, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, también se presentan aumentos que podrían estar generando alarmas. Si bien no es una diferencia significativa, se presume que está ligado al accionar de ambos GAI en confrontación.
Por su parte, de manera permanente se registra reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes principalmente de Santa Marta, Ciénaga y la Troncal Caribe2. Esta población es instrumentalizada para cumplir funciones como informantes, ofreciéndoles una remuneración económica que va desde COP $1 millón a $2 millones. También se les involucra en actividades relacionadas con microtráfico o como cobradores extorsivos.
Algunos indicios señalan que, desde antes de la intención de sumarse la ley de Paz Total, se empleaba a menores de edad, especialmente a mujeres, para cumplir roles de informantes sobre los movimientos de la Fuerza Pública (antes de la intención de sumarse a la Paz Total) y de personas desconocidas por temor a que sean miembros o informantes de las AGC o Clan del Golfo. En el caso de los hombres, además de ser designados estratégicamente en algunos puntos como centinelas, son involucrados desde temprana edad en el mercado del microtráfico. Esta situación se suma a otros escenarios como el incremento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población joven.
En cuanto a amenazas desde el territorio se percibió un incremento de casos desde el 2023. El perfil de las víctimas generalmente es de liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos. Aunque algunos casos emblemáticos fueron puestos en conocimiento de las autoridades y la institucionalidad local y departamental, hubo deficiencias en algunos procesos y no se materializaron las medidas de protección necesarias. La situación se considera compleja, ya que incluso para el 2024 algunas amenazas se materializaron en atentados contra la integridad física que se extendió al núcleo familiar de las víctimas.
Si bien no es posible atribuir las agresiones a líderes sociales exclusivamente a las ACSN -debido al contexto de disputa y confrontación con el Clan del Golfo- se ha identificado que un grupo puede llevar a cabo la afectación con el fin de atribuirle la responsabilidad al adversario y así incrementar las operaciones militares de la Fuerza Pública en su contra.
Fuentes de financiación criminal y lavado de activos
Las principales fuentes de financiación de las ACSN son el narcotráfico y la extorsión, en ese orden de importancia. Sin embargo, debido a la crisis en la venta de pasta base de coca que también se presentó en la región, se ha observado una disminución en su involucramiento en la cadena del narcotráfico. Los factores que aún garantizan su participación se asocian al control de las rutas y garantizando la seguridad en la zona de la Sierra Nevada y los puertos marítimos de Santa Marta3, Barranquilla, Cartagena y otros puertos secundarios y naturales. Esto garantiza que se den las condiciones para el acopio, transporte y tráfico de drogas ilícitas.
No hay evidencia de tercerización de servicios vinculados al narcotráfico. Las ACSN operan de forma autónoma en sus actividades logísticas y, en algunos casos, han establecido alianzas con organizaciones narcotraficantes para asegurar el control en sus áreas de influencia y facilitar el transporte de drogas hacia países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa. La principal estrategia utilizada para el transporte es la contaminación de la carga en buques.
Recientemente, se han registrado casos de captura y participación de miembros de las ACSN, demostrando su continua participación en esta economía ilegal. Por ejemplo, el año pasado se denunció públicamente sobre el caso de la multinacional Drummond en Ciénaga, donde se confirmó la relación de la multinacional, la participación de agentes de la Fuerza Pública y la coordinación logística con buzos profesionales para contaminar la carga. Esto implicó amenazas a funcionarios públicos para evitar inspecciones subacuáticas en el puerto (Revista RAYA, 2023).
En cuanto a la extorsión, se ha evidenciado que ha permeado todos los sectores de la economía local, especialmente los a cultivadores de café de la parte alta de la Sierra, comerciantes y lancheros. Sin embargo, debido a la falta de denuncias, no se logra dimensionar su impacto real.
Actualmente, fuentes en el territorio indican que se está desarrollando una forma de gobernanza criminal en la que la extorsión es el común denominador. Se observa un aumento significativo en la apertura de establecimientos comerciales que deben contar con el aval de las ACSN para operar, lo cual sugiere un alto grado de infiltración criminal. Además, se exige que, para obtener este “permiso”, los comerciantes deben garantizar el pago del “impuesto de guerra”, como se conoce en la región a la cuota extorsiva. Esta dinámica se está dando en La Guajira, específicamente en el corregimiento de Palomino, en la zona urbana de Santa Marta e incluso en Ciénaga. El monto de la extorsión varía dependiendo del tipo de establecimiento, pero se asegura que el canon mínimo es de al menos COP $100 mil.
Por otro lado, y considerando que la gobernanza criminal también puede abarcar transacciones y rentas legales, ya sea a través de terceros o promoviendo emprendimientos que se sumen a las rentas ilegales, las ACSN han sabido aprovechar la visión de desarrollo territorial promovida por la institucionalidad local y departamental, centrada en el crecimiento de la actividad turística.
El rol de este grupo en esta transformación territorial -de la que se esperan oportunidades de inversión y aumento de empleo- se está materializando en prácticas como el acaparamiento de tierras y la presión a los habitantes locales para que vendan sus tierras con fines turísticos, aprovechando el auge de la inversión nacional y extranjera. Esto ha generado preocupación entre las comunidades debido a su impacto social, económico y ambiental.
De acuerdo con actores locales, una vez se concreta la venta de terrenos y se inician las obras turísticas, las ACSN en algunos casos también imponen cuotas extorsivas bajo el pretexto de proporcionar “servicios de seguridad”. Esta dinámica genera incertidumbre en las comunidades locales, ya que, por el congelamiento de los diálogos entre el Gobierno nacional y las ACSN, se ha percibido un posible aumento de los integrantes de esta estructura armada con el fin de incrementar actividades como el constreñimiento para la venta de tierras y su posterior lavado de activos.
En algunos casos, se han reportado prácticas cuestionables en relación con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Por ejemplo, comunidades campesinas asentadas en la Sierra Nevada han quedado a la deriva, pues al tener la figura de segundos ocupantes4, se ven presionadas por terceros interesados en la legalización de estas tierras para su propio beneficio.
Esta coacción por parte de las ACSN para vender tierras según las comunidades se ha denominado como “economía subterránea” u “oro verde”, uno de los intereses es quedar eventualmente con roles como guardaparques5.
Actualmente las ACSN obtienen ingresos tanto por comisiones por la venta de terrenos como por extorsión bajo la apariencia de proporcionar “seguridad” para el turismo. Esto último implica garantizar que los turistas no van a ser víctimas de robos, que no van a haber restricciones a la movilidad ni afectaciones al servicio público.
Además de la compraventa de bienes con fines turísticos, se ha identificado otras formas de lavar activos producto de las actividades criminales en la zona. Por ejemplo, se han detectado asociaciones con empresas legalmente constituidas en el sector turístico y la creación de nuevas empresas cuya actividad económica está asociada con labores de agencias de viajes, establecimientos de alojamiento o guías turísticos. Aunque en menor medida, también se señala que las campañas políticas son un espacio para el lavado de activos a largo plazo por parte de la ACSN.
Considerando estos indicios de gobernanza criminal que evidencia la relación entre el delito de lavado de activos en sectores como el turismo y las dinámicas criminales y de conflicto armado en la región, es crucial que las acciones del Estado se enfoquen en evitar que elementos como la tierra continúe siendo una fuente de financiación para grupos armados ilegales. Desde el territorio se espera que la estrategia del Estado se centre en la construcción de paz, promoviendo un turismo responsable donde las comunidades indígenas y campesinas del territorio sean los principales beneficiarios.
Además, según lo reiterado por la Diócesis de Santa Marta, las comunidades esperan medidas humanitarias que garanticen el respeto al principio de distinción, un cese permanente de hostilidades, la protección del derecho a la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, la prevención de violencias basadas en género, medidas de prevención efectivas contra el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria, incluido el apoyo psicosocial y la libre movilidad (Corporación Latinoamericana Sur, 2024).
Notas
1 Según la resolución 002 del 11 de enero de 2023, los ocho miembros de las ACSN elegidos para la fase exploratoria y a efectos de suspensión de órdenes de captura fueron: Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, Norberto Quiroga Poveda, alias ‘5-5’, Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ César Gustavo Becerra Gómez, Eduar Castaño Morales y Santiago Rafael Pertuz Caballero
2 A diferencia de las AGC o Clan del Golfo que concentran este tipo de actividades en el sur del departamento, principalmente en Fundación y Aracataca.
3 Comunidades locales incluso han señalado que se han evidenciado cambios respecto al uso de lanchas rápidas, no se estaría haciendo con la misma frecuencia, sino que la priorización serían los puertos marítimos.
4 A través de la gestión del Grupo Étnico de la Unidad de Restitución de Tierras en abril del 2023 las comunidades indígenas de la SNSM, tras una sentencia, recuperaron 1.636 hectáreas de tierra que estaban en poder de campesinos y colonos (El Tiempo, 2023).
5 Las zonas de interés son: Parque Nacional del Tayrona, la Sierra Nevada, Ciénaga Grande y Santa Marta.
Referencias
- Corporación Latinoamericana Sur. (2024, enero). El tránsito de los Pachencas a la Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada: La guerra como norma, la paz como posible excepción. https://www.sur.org.co/el-transito-de-los-pachencas-a-la-autodefensas-conquistadores-de-la-sierra-nevada-la-guerra-como-norma-la-paz-como-posible-excepcion/
- El Informador. (2023, abril). Habitantes del área rural de Santa Marta anuncian marcha pacífica por incumplimiento del Gobierno Distrital. https://www.elinformador.com.co/index.php/distrito/296863-habitantes-del-area-rural-de-santa-marta-anuncian-marcha-pacifica-por-incumplimiento-del-gobierno-distrital
- El País. (2023, noviembre). Autodefensas de la Sierra Nevada solicitan al presidente Petro agilizar los diálogos de paz: “Tenemos la disposición”. Noticias de Cali, Valle y Colombia - Periodico: Diario El País. https://www.elpais.com.co/colombia/autodefensas-de-la-sierra-nevada-solicitan-al-presidente-petro-agilizar-los-dialogos-de-paz-tenemos-la-disposicion-1149.html
- El Tiempo. (2023, abril). Pueblo Kogui recuperó 1.636 hectáreas de la Sierra Nevada tras sentencia. https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/pueblo-kogui-recupero-1-636-hectareas-de-la-sierra-nevada-758732
- Fiscalía General de la Nación. (2023, enero 13). Respuesta a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura como medida provisional para facilitar los diálogos, en el marco del Decreto 1081 de 2015.
- Infobae. (2022a, septiembre). Paramilitares de la Sierra Nevada solicitaron a Gustavo Petro iniciar un proceso de paz. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/09/paramilitares-de-la-sierra-nevada-solicitaron-a-gustavo-petro-iniciar-un-proceso-de-paz/
- Infobae. (2022b, octubre). Autodefensas de la Sierra Nevada le hicieron propuesta de paz al gobierno de Gustavo Petro. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/10/27/autodefensas-de-la-sierra-nevada-le-hicieron-propuesta-de-paz-al-gobierno-de-gustavo-petro/
- InSight Crime. (2022, mayo 10). Los Pachenca. InSight Crime. http://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/los-pachenca/
- RCN Radio. (2024, enero). Se frustra arranque de diálogos de paz en la Sierra Nevada. https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/se-frustra-arranque-de-dialogos-de-paz-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta
- Revista RAYA. (2023, agosto). El puerto de la Drummond, una salida a la cocaína de alias “La Patrona”. Revista Raya. https://revistaraya.com/el-puerto-de-la-drummond-una-salida-a-la-cocaina-paramilitar-de-alias-la-patrona.html
- Verdad Abierta. (2020, octubre). La reinvención del clan Giraldo. VerdadAbierta.com. https://verdadabierta.com/la-reinvencion-del-clan-giraldo/