Publicado: 06 jul 2022
A finales de 2020, los Estados parte de la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción aprobaron la solicitud de prórroga realizada por el Estado colombiano en el marco del Plan estratégico “Hacia una Colombia libre de sospecha de Minas Antipersonal para todos los colombianos”.2
De acuerdo con el Plan, uno de los indicadores estratégicos, con hito en 2022, es que el 81,46% del total de municipios del país se encuentren libres de sospecha de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MUSE). Sin embargo, a 2022, todos los municipios de la región del Catatumbo continúan estando dentro del listado de los municipios afectados pendientes por intervenir en materia de Desminado Humanitario (DH). Lo anterior, principalmente por la falta de garantías de seguridad para entrar a realizar las labores.
La Convención de Ottawa señala que una mina está diseñada para ser explotada por presencia, proximidad o contacto de una persona y cuya consecuencia implique la afectación a una o más personas. En su artículo 2, la Convención entiende por mina antipersonal a “ toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo anti-manipulación, no son consideradas minas antipersonales por estar así equipadas” . Lo anterior significa que aquellos artefactos explosivos usados en emboscadas u otro tipo de ataques a la Fuerza Pública no deben ser considerados como una MAP y por ello no entran en el presente análisis, a excepción de los casos donde integrantes de la Fuerza Pública, por alguna razón, caen en un campo minado o área peligrosa en la región del Catatumbo.
Así, las Minas en la región están lejos de desaparecer pues en el marco de la confrontación armada entre los grupos armados ilegales y el Estado colombiano, y la disputa por el control de economías ilícitas y zonas geoestratégicas; las estructuras ilegales han exacerbado el uso de estos artefactos explosivos.
De acuerdo con el CICR (2021), no hay certeza del nivel de contaminación por artefactos explosivos como MAP y MUSE en el país y esto se refleja en lo que, según actores locales, sucede en zonas donde antes se transitaba sin tanto riesgo y hoy se han presentado casos de accidentes por MAP.
Esta situación, provocó que para 2021, el departamento de Norte de Santander concentrara casi el 20% del total de las víctimas por MAP y MUSE. Así mismo, la región del Catatumbo es de las zonas del país más afectadas por este flagelo desde 2016 después del departamento de Nariño (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2022).
A nivel internacional, el Monitor de minas terrestres ha confirmado que grupos armados no estatales de países como Colombia, Afganistán, India, Myanmar, Nigeria y Pakistán, hacen uso de MAP elaboradas de manera improvisada con explosivos o químicos nocivos (International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition, 2021, pág. 7).
En Colombia, a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano por reconocer y trabajar en el DH y la atención a las víctimas, la transformación y reconfiguración del conflicto armado a nivel regional, continúa estando fuertemente relacionada con el uso de este tipo de artefactos para atentar contra la población y controlar su circulación, como estrategia para contener operativos de la Fuerza Pública y en el marco de disputas por el control territorial y economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal (Procuraduría General de la Nación, 2020).
¿Qué dicen las cifras?
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)3, entre 2016 y febrero de 2022, se han registrado en Norte de Santander un total de 157 víctimas por MAP-MUSE. De esta cifra, el 50% se concentra en tan solo tres municipios: Hacarí (31), Teorama (24) y San Calixto (23). Así mismo, en cuanto a los presuntos responsables, el 53% de los casos es desconocido, en el 40% de los casos al ELN, y en el 4% a la disidencia del Frente 33 de las FARC. El 100% de los eventos ocurrieron en zona rural de los municipios afectados.
A diferencia de otras zonas del país, en Catatumbo el tipo de víctima más afectado son integrantes de la Fuerza Pública (59%), pues los accidentes se presentan durante labores de patrullaje, de erradicación manual de cultivos ilícitos y bajo el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI). El 41% restante de víctimas civiles, sufrieron el accidente cuando se disponían a realizar labores de agricultura, recolección de comida, agua o madera, jugando, y pasando cerca de caminos minados. El 92% de las víctimas eran mayores de 18 años.
Traslapando estas dos variables, se pudo evidenciar que al menos el 87% de los accidentes por MAP-MUSE ocurridos entre 2016 y febrero de 2022, ocurrieron a menos de 500 metros de un cultivo de coca (ver mapa 1).
De acuerdo con miembros del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña – institución de salud con mejor capacidad de atención para los 11 municipios de la región del Catatumbo – las víctimas que han llegado a la institución por MAP y MUSE, no sólo se ven afectados por las ondas explosivas, sino también por los materiales que usan los grupos armados ilegales para generar un daño mayor como puntillas, vidrios e incluso materia fecal, provocando infecciones que en muchos casos terminan con la vida de las víctimas (Rodríguez, 2018).
Funcionarios de la salud de municipios como Tibú señalaron que la distancia entre los lugares donde han ocurrido los accidentes con un hospital que pueda atender y salvarles la vida a las víctimas es larga y por eso en ocasiones la víctima pierde la vida o resulta con lesiones más graves:
“Acá el problema no son sólo las minas, también es la falta de acceso a salud y a una infraestructura que permita que estos casos se atiendan de manera oportuna, muchas personas mueren desangradas o no se les alcanza a salvar los miembros por infección porque pueden pasar hasta días para que lleguen a un hospital con capacidades de atender los casos” Funcionario de la salud, 2022.
Según el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (IDSNS), para toda la región del Catatumbo hay un total de 37 instituciones prestadoras de servicios de salud, de las cuales sólo 3 son hospitales de primer y segundo nivel. Como se puede observar en el Mapa 1, los hospitales están ubicados en las cabeceras municipales de Ocaña, La Playa y Ábrego lo cual dificulta la atención de dichos acontecimientos que se registran en el resto de la región.
Victimas por MAP-MUSE en Catatumbo
Norte de Santander 2016 - febrero de 2022
De acuerdo con el CICR, los efectos del uso de MAP, además de generar efectos nefastos a las víctimas y sus familias4, genera otros eventos como el desplazamiento forzado y el confinamiento. Cruzando datos de estas variables entre el periodo 2016 y 2021 (ver gráfica 1), se encuentra una coincidencia del 79% en municipios de Norte de Santander donde se presentaron eventos de desplazamiento forzado y confinamiento, como de casos de víctimas por MAP-MUSE. Esta situación deja entre ver la magnitud del fenómeno y el alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestas las comunidades y habitantes de las zonas rurales.
Gráfico 1. Correlación entre el número de víctimas por MAP-MUSE vs. eventos de desplazamiento forzado y confinamiento en Norte de Santander
Las minas del nuevo ciclo de violencia
Con la reconfiguración del conflicto tras la dejación de armas de las FARC y el incremento de cifras de víctimas en los últimos años, fue posible identificar un “nuevo ciclo de violencia” (ver gráfico 2) que, entre otras cosas, involucró la siembra de MAP y el abandono de MUSE por parte de los grupos armados ilegales.
A mediados del mes de abril de 2022, el Ejército Nacional llevó a cabo un operativo donde se lograron destruir 180 minas antipersonal ubicadas en zona rural del municipio de Tibú. Los artefactos pertenecerían a la disidencia del Frente 33.
Las comunidades han señalado que, en zonas rurales de municipios como Convención, Sardinata, Tibú, El Carmen y Cúcuta, donde no había conocimiento de MAP o MUSE, se comenzaron a registrar accidentes que han dejado a pobladores afectados tanto física como psicológicamente5.
De acuerdo con el monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Norte de Santander (2018), durante los picos más altos de confrontación entre el ELN-EPL, y el ELN-AGC (este último desde 2020), se han registrado civiles afectados por MAP y MUSE. Estos escenarios, generaron además desplazamientos forzados – individuales y masivos – restricciones a la movilidad y al acceso a caminos veredales y a centros educativos rurales. En línea con esto, la Defensoría del Pueblo también ha señalado que el mayor número de población afectada coincide con las zonas donde más se han presentado enfrentamientos entre las estructuras armadas ilegales (2021, pág. 38).
Particularmente, en la región del Catatumbo y de acuerdo con actores locales y estudios que evalúan la implementación del Acuerdo Final de Paz6, se conoce que en los últimos años, el ELN, las AGC o Clan del Golfo y la disidencia del Frente 33 han acudido a la siembra de Minas para proteger cultivos de coca, cercar puntos geoestratégicos – incluidas zonas aledañas del Oleoducto Caño Limón Coveñas y a los pasos fronterizos informales – y para contener las operaciones de la Fuerza Pública y la expansión de otros grupos armados ilegales como las AGC en su interés por avanzar en el control territorial del Catatumbo.
Gráfico 2. Histórico de víctimas por MAP-MUSE en Norte de Santander y prórrogas de la Convención de Ottawa
Incluso, hay reportes de la Guardia Nacional Bolivariana de víctimas de sus miembros por accidentes por MAP sembrados por los grupos armados ilegales en la zona de frontera entre Catatumbo y el Estado de El Zulia (International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition, 2021, pág. 38).
En el marco de la resiembra de MAP, algunos sectores sociales han denunciado el uso y reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes, que están siendo entrenados para la siembra de MAP como una de sus labores primarias a la hora de ingresar a las filas7. Adicionalmente, hay casos donde la afectación a la víctima y a su familia no acaba con el accionar de la Mina y sus consecuencias, pues se han registrado casos de familias que salieron en búsqueda de atención médica y psicosocial pero que no han podido retornar por amenazas recibidas por parte de los grupos armados ilegales (La Opinión, 2022).
El largo camino del Desminado Humanitario y la paz
Todos los municipios de la región del Catatumbo están categorizados en la Tipología I: Municipios con alta afectación8, por concentrar un alto porcentaje de víctimas civiles y de la Fuerza Pública y por tener injerencia de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados de tipo residual más conocidos como las disidencias de las FARC (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2020).
Por lo anterior, la intervención en términos de DH de estos municipios continúa estando pendiente principalmente por la falta de garantías de seguridad para llevar a cabo estas labores. Según el Decreto 3750 de 2011 sobre DH, en su artículo 12 se señala que la seguridad es uno de los criterios para identificar las zonas susceptibles de ser objeto de esta labor y su viabilidad (ver esquema 1). Lo anterior, considera información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y del Comando General de las Fuerzas Militares (Presidencia de la República, 2011).
Frente a esto, la Procuraduría (2020, pág. 69) ha resaltado la falta de claridad sobre los criterios de seguridad a la hora de asignar operaciones de DH en municipios contaminados por MAP y MUSE, argumentando que el concepto que se entiende sobre este tema desde lo nacional, en ocasiones no corresponde a la situación real en lo local. Esta situación, ha impedido que dentro de los recursos destinados para DH se reevalúe la condición de asignar municipios a operadores9.
Esquema 1. Actividades necesarias para realizar DH por parte de Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario
Es preciso destacar que en el marco de la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de los 170 municipios priorizados, hay 86 pendientes de priorizar para DH, incluyendo los de la región del Catatumbo10. Esta situación es igual para los municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y ha generado alarmas por la carga adicional que le suma a los rezagos en la implementación del Acuerdo Final de Paz11.
Lo anterior, dado que son múltiples los proyectos para la paz relacionados con infraestructura, adecuación y formalización de tierras, proyectos agropecuarios, educación rural, entre otros, que se están viendo potencialmente afectados por la alta contaminación de MAP y Muse en las zonas rurales. Es decir, que hay 56 iniciativas contenidas dentro del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR)12 para la subregión del Catatumbo (Agencia de Renovación del Territorio, 2018), que no tendrían a cabalidad las condiciones que permitan los avances esperados en su implementación.
De ahí que instituciones como la Procuraduría (2020, pág. 101) y la Defensoría del Pueblo (2021, pág. 44) señalen la importancia de buscar la forma de priorizar en el corto plazo a los municipios del Catatumbo para planeación y ejecución de la estrategia integral de DH, además de la articulación institucional para la definición de medidas de prevención y protección en aras de que la problemática no se siga constituyendo como una de las tantas barreras para alcanzar la paz en la región.
Mientras tanto, las instituciones encargadas, los liderazgos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación continúan aplicando esfuerzos a la Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) como medida preventiva. De acuerdo con la OACP (2022), desde 2019 a febrero de 2022, se han llevado a cabo en el departamento de Norte de Santander 1.870 actividades de ERM que beneficiaron a más de 40 mil personas. En lo que respecta al enfoque diferencial étnico, se tiene que en 2019 se realizó un proyecto de Educación con el objetivo de aumentar la promoción de comportamientos seguros hacia y por parte de las comunidades indígenas que, para el caso de Catatumbo, se realizó con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari – Ñatubaiyibari (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2020, pág. 74).
Anexo 1. Avances del punto 4.1.2 sobre las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por cultivos de uso ilícito en municipios PNIS13
| Código | Nombre | % Avance |
|---|---|---|
| D.264 | Programa de desminado en áreas de cultivos de uso ilícito, creado e implementado | 100% |
| D.E.7 | El 100 % de los territorios de pueblos y comunidades étnicas se encuentran libres y saneados de MAP-MUSE con atención inmediata en los territorios priorizados en el Capítulo Étnico | 57,90% |
| D.E.6 | El 100 % de los territorios de pueblos y comunidades étnicas se encuentran libres y saneados de MAP-MUSE con atención inmediata en los territorios priorizados en el Capítulo Étnico | 53,10% |
| D.E.8 | Al 2018 en los territorios de los pueblos y comunidades étnicas priorizadas en el punto 6.2.3 del Acuerdo de Paz se habrán surtido los procesos de consulta previa y/o concertación para hacer efectiva la priorización, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente. | 40% |
| D.MT.1 | 100% de Acciones Integrales Contra Minas Antipersonal implementadas en territorios en los que se haya suministrado información. | 0% |
| D.E.15 | Programa de desminado y limpieza de MAP y MUSE para territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizados en el punto 6.2.3. del Acuerdo Final de paz, concertado | 0% |
| D.E.16 | Porcentaje de territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizadas en el punto 6.2.3 del Acuerdo Final de paz, libres de MAP y MUSE y saneados en los términos acordados | 0% |
Fuente: elaboración propia con datos del SIIPO, 2022.
Notas
[Título] Se consideraron los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
2 Con la firma del Acuerdo Final de Paz, en el punto 4.1.3.1. sobre condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, se estableció un compromiso mutuo entre las antiguas FARC y el Estado colombiano para Desminado Humanitario. De este punto, surgió Humanicemos DH, la primera organización a nivel mundial de desminado humanitario conformada por excombatientes. Hasta la fecha, esta organización sólo tiene actividad en el departamento de Caquetá.
3 A partir de lo establecido en el Decreto 179 de 2019, la OACP elabora los estándares nacionales relativos a las minas antipersonal y otras funciones para hacerle frente a esta temática.
4 Prohibido en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.
5 Actor local, Cúcuta 2022.
6 , D., & Pardo, D. (2020). ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en la región del Catatumbo? Avances y desafíos. Fundación Ideas para la Paz.
7 Actor local Tibú, 2021; Actor local, Cúcuta 2022.
8 Son cuatro las tipologías de clasificación de los 1.122 municipios de Colombia: Tipo I Municipios con alta afectación; Tipo II Municipios con afectación media; Tipo III Municipios con baja afectación; Tipo IV Municipios sin afectación registrada.
9 A la fecha hay seis operadores civiles para DH acreditados y dos operadores del Estado, uno del Ejército Nacional y otro de la Infantería de Marina.
10 Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
11 De acuerdo con el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), en los avances relacionados con el punto 4.1.2 sobre las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, hay 7 indicadores relacionados con MAP y MUSE (ver Anexo 1).
12 Comprende los pactos municipales de los 8 municipios priorizados en la región y 2 pactos de los resguardos indígenas Catalaura y Motilón Barí.
13 En el presente caso de estudio correspondería a Sardinata y Tibú.
Referencias
- Agencia de Renovación del Territorio. (22 de octubre de 2018). Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) - Subregión Catatumbo.
- Comité Internacional de la Cruz Roja. (2021). Retos humanitarios 2022: balance anual.
- Defensoría del Pueblo. (2021). Alerta Temprana n° 004-21.
- El Espectador. (03 de abril de 2021). La historia del niño que pisó una mina explosiva en Tibú (Norte de Santander). El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-historia-del-nino-que-piso-una-mina-explosiva-en-tibu-norte-de-santander-article/
- International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition. (2021). Landmine Monitor.
- La Opinión. (05 de abril de 2022). RNI registra 906 víctimas por minas antipersonales en Norte de Santander. Obtenido de https://www.laopinion.com.co/region/rni-registra-906-victimas-por-minas-antipersonales-en-norte-de-santander
- Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. (2018). Restricciones al acceso y desplazamientos en el Catatumbo (Norte de Santander). Obtenido de https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-restricciones-al-acceso-y-desplazamientos-en-el-catatumbo-2
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2020). Plan estratégico 2020-2025 "Hacia una Colombia libre de sospecha de Minas Antipersonal para todos los colombianos". Bogotá: Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal.
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (febrero de 2022). Estadísticas de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal. Obtenido de Acción contra Minas: http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-erm
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (febrero de 2022). Registro de nformación de afectación por MAP y MUSE e intervención. Recuperado el 31 de marzo de 2022, de http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
- Presidencia de la República. (octubre de 2011). Decreto 3750 de 2011. Obtenido de https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1536037
- Procuraduría General de la Nación. (2020). Informe de seguimiento a la política pública de acción integral contra Minas Antipersonal (AICMA).
- Rodríguez, L. (12 de noviembre de 2018). El hospital que atiende a los heridos por minas en el Catatumbo. El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-hospital-que-atiende-a-los-heridos-por-minas-en-el-catatumbo-article/
- Urbina, D., & Pardo, D. (2020). ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en la región del Catatumbo? Avances y desafíos. Fundación Ideas para la Paz.+