Publicado: 17 may 2022
La violencia basada en género afecta desproporcionadamente a las mujeres en PPR en los ámbitos público y privado, siendo vulnerables por su doble condición de ser mujer y liderar su proceso de reincorporación.
Según el Registro Nacional de Reincorporación (RNR), 3.074 mujeres se encuentran en proceso de reincorporación en lo político, económico y social, lo que representa el 24,7% del total de la población (12.439 personas) en el proceso (CPEC, 2021, p. 7). El Acuerdo Final de Paz (A.F.) y la ‘Política Nacional para la reincorporación social y económica de exintegrantes de las FARC-EP (CONPES 3931 de 2018) reconocieron:
“(…) las desigualdades de género, las discriminaciones y los impactos diferenciados del conflicto armado en hombres y mujeres. De esta manera, se hace un reconocimiento expreso a los derechos de las mujeres exintegrantes de las FARC-EP, previendo posibles desventajas y brechas que resulten del proceso de reincorporación y transición a la vida civil (…)” (CONPES 3931, 2018, p. 22).
En este sentido, el enfoque de género fue transversalizado en los compromisos del A.F., con la adopción de medidas de género1 para los seis puntos. Para el punto 3 sobre el “Fin del Conflicto” en el ‘Acuerdo de Garantías de Seguridad’ (3.4) fueron establecidos una serie de mecanismos para garantizar la protección de las personas en proceso de reincorporación. En el caso de las mujeres, uno de los temas considerados fue la violencia basada en género (VBG) y cómo la misma es un obstáculo para la transición a la vida civil.
Los riesgos de seguridad para las mujeres en proceso de reincoporación
Fuera y dentro de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), las mujeres han denunciado ser víctimas de VBG, por lo que las mismas han autogestionado con apoyo de la Comisión de Género del partido Comunes y los Comités de Mujeres, Género y Diversidad (STCIV, 2019, p. 59) para abordar la situación y velar por los derechos de las mujeres, que además ha permitido la adopción de medidas afrimativas como la conformación de cooperativas de mujeres para el desarrollo de proyectos productivos, la construcción de espacios de cuidado en varios de los espacios territoriales, además de jornadas sobre derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, ha sido complejo lograr un entendimiento que reconozca a las mujeres como sujetos independientes y autónomos (Ibíd).
La VBG que sufren las mujeres en PPR es tanto en el ámbito público y privado, enfrentando una doble condición de vulnerabilidad siendo mujeres y liderando el trabajo que realizan en el marco del proceso de reincorporación. De acuerdo a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a diciembre de 2021 han sido asesinadas 10 mujeres2, y 4 han sido víctimas de intento de homicidio (NN.UU, 2021, p.10). En materia de estigmatización, ha habido denuncias de detenciones irregulares por orden de la Fiscalía alegando presunta vinculación de las mujeres con la disidencias de las FARC, lo que además limita el ejercicio del liderazgo político y social (El Espectador, 2021). Lo anterior demuestra una situación preocupante que las afecta directamente en su liderazgo y defensa de los DDHH, ante un alto riesgo en materia de seguridad (Procuraduría General de la Nación, 2021, p. 89). La UNP ha adoptado medidas de seguridad para esta población, que corresponden a 32 esquemas colectivos de protección y 264 esquemas individuales, con un total de 178 mujeres protegidas (CPEC, 2021, p. 5).
Estigmatización y señalamientos
Las mujeres que participaron en el conflicto armado, son concebidas desde una perpectiva patriarcal como personas que decidieron salirse de los roles tradicionales de género. Esta situación provocó rechazo a la hora de iniciar su tránsito a la legalidad. De acuerdo a las mujeres en PPR, las costumbres se transformaron y los hombres se quitaron la responsabilidad sobre las tareas del hogar (El Espectador, 2021), lo que además generó nuevos tipos de violencia y estigmatización contra ellas, al no ser reconocidas como sujetos activos de derechos, negándoles el acceso a bienes y servicios.
Hay zonas como en Norte de Santander, César y Cauca donde, según actores locales, las mujeres en PPR viven escenarios que implican hechos de VBG que afectan el proceso de reincorporación y atentan contra el liderazgo que ejercen en los territorios a favor de las mujeres y el empoderamiento femenino. Tanto en los AETCR y las NAR, las mujeres señalan la falta de lineamientos claros con enfoque de genero que establezcan acciones diferenciadas a favor de esta población. Por lo que las mujeres han tomado la decisión de trabajar conjuntamente y desarrollar estrategias de auto-protección (Lucy, 2021).
Acciones en materia de seguridad y protección
Ante esta situación, y el bajo número de denuncias de las mujeres, el Gobierno Nacional y la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación3 (CNR) adoptaron una serie de medidas en materia de articulación institucional entre la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y la Fiscalía General de la Nación para conocer las necesidades de las mujeres en proceso de reincorporación, y la construcción de una herramienta para sistematizar los casos de VBG en los territorios durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19 (STCIV, 2019, p.60).
Además, de la construcción e implementación de la ‘estrategia de seguridad y protección a mujeres excombatientes’ señalada en la acción 4.26 del CONPES 3931 de 2018, y el ‘Plan de Acción’ de la Subcomisión de Género de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) (Procuraduría General de la Nación, 2021, p. 86). Sin embargo, las medidas no han sido territorializadas, lo que dificulta la activación de alguna ruta de protección diferencial ante cualquier situación de violencia que afecte a las mujeres (Ibíd).
Oportunidades para las mujeres en PPR
Si bien hay esfuerzos institucionales para garantizar la protección de las mujeres en PRR en zonas rurales y urbanas, los mismos han sido desarrollados desde la centralidad lo que dificulta su aplicación al ámbito territorial, ante una arquitectura institucional débil en materia de prevención y protección lo que dificulta para avanzar en acciones específicas (PGN, 2021, p. 86). Son varios los ejemplos en la materia, como:
“el bajo número de analistas y de escoltas que respondan a la demanda, y en especial de mujeres dentro de ambos equipos; la desarticulación entre la dirección de la UNP y la SESP en temas de género; el subregistro de casos de amenaza en la Fiscalía, y la incorporación del tema de reincorporación y género en los Planes de Prevención y en la Política Pública de Prevención y Protección” (Ibíd).
Lo que se suma al desconocimiento generalizado de las estrategias, rutas y programas diferenciales existentes que podrían activarse en caso de un riesgo de seguridad que afecte a las mujeres directamente. Por lo que se considera que la reactivación de las Mesas y/o Comisiones de Género en las diferentes espacios como la Unidad Especial de Protección, la Fiscalía General de la Nación y la Comision Nacional de Grantías de Seguridad darían un impulso a la ‘estrategia de seguridad y protección’ para tomar acciones concretas a partir de un análisis de la información con enfoque de género para la identificación de los riesgos de seguridad diferenciados y la implementación de las medidas adecuadas de protección, que se ajusten a las necesidades de las mujeres en los territorios.
Adicional, la creación y fortalecimiento de los Comités de Mujeres, Género y Diversidad tanto dentro y fuera de los AETCR, así como en zonas urbanas y rurales es una oportunidad de impulsar la agenda de género, y establecer las necesidades de las mujeres en PPR en materia de seguridad y protección.
Notas:
1 Son medidas con perspectiva de género que fueron establecidas en el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
2 Los homicidos han ocurrido en Bogotá, Caquetá, Cauca, Chocó y Meta (Procuraduría General de la Nación, 2021, p. 85-86)
3 Órgano creado por el Acuerdo Final de Paz con la función de definir las actividades, establecer cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación.
Referencias bibliográficas:
- Consejo Económico y Social. (22/06/2018). Documento CONPES 3931 de 2018, “Política Nacional para la reincorporacion social y económica de exintegrantes de las FARC-EP.” https://www.reincorporacion.gov.co/es/Documents/conpes_finlal_web.pdf
- Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. (09/2021). Avances en la implementación de la Politíca de Paz con Legalidad: Mujer y género.
- El Espectador. (21/06/2021). Mujeres que resisten contra la estigmatización, la violencia y el machismo. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/mujeres-que-resisten-contra-la-estigmatizacion-la-violencia-y-el-machismo/
- ‘Lucy’. (03/12/2021). Entrevista por Catalina Montañez.
- Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. (27/12/2021). S/2021/1090, Informe del Secretario General. https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/informe_sp_n2139927.pdf
- Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. (04/2021). Informe sobre la incorporación del enfoque de género en la implementación en el Acuerdo de Paz. https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20de%20ge%CC%81nero_2021_completo_Dic13.pdf
- Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. (07/2019). Tercer informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia. https://www.verificacion.cerac.org.co/
Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la paz en Colombia. Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan, ni comprometen la posición del Fondo.