El Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos

mural mujeres protestan

Publicado: 24 mar 2022

El Acuerdo de Paz reconoció el rol de las mujeres en la construcción de paz territorial. El liderazgo social y la defensa de los derechos humanos son fundamentales para los derechos de las mujeres.

El panorama en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres que ejercen el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en Colombia es crítico. Las mujeres sufren los impactos de la violencia de manera desproporcionada y diferenciada por su doble condición de defensoras de derechos humanos y el hecho de ser mujer en contextos sociales, donde hay prevalencia de prácticas patriarcales (PIGMLD, 2019, p.7). El riesgo de género prevalece y continúa en los territorios más afectados por la violencia armada, lo que atenta contra los derechos de esta población en el ámbito público y privado.

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Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinadas 174 mujeres (INDEPAZ, 2021), la mayoría de ellas indígenas, campesinas y lideresas cívicas (Infobae, 2021). Si  bien, el Acuerdo reconoció el importante rol de las mujeres en la construcción de paz creando una Instancia Especial de Género, no hay claridad frente a la articulación y la descentralización de funciones que garanticen medidas de seguridad a nivel territorial, que junto con la co-existencia de varias agendas institucionales con enfoque de género, saturan los espacios y son pocos los resultados.

El Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD) 

La adopción del PIGMLD, que, si bien no respondió a un compromiso del Acuerdo de Paz, fue el resultado del trabajo de varias organizaciones de mujeres en espacios convocados por la sociedad civil como el ‘Proceso Nacional de Garantías’, que tuvo como resultado la construcción de planes de acción y la territorialización de las actividades (Sisma Mujer, 2021, p. 6). El programa cuenta con tres estrategias: i) el fortalecimiento de los liderazgos femeninos y de las organizaciones de lideresas y defensoras de derechos humanos; ii) la adecuación institucional de las medidas de protección, incluyendo el enfoque de género y de derechos de las mujeres; y iii) la lucha contra la impunidad y la lucha por la memoria histórica (CCJ, 2021).

Dentro de las estrategias, se destacan las actividades realizadas a nivel territorial en el eje de prevención, donde fue posible la formación de las mujeres en materia de liderazgo (‘Escuela de Participación Política para Mujeres Virtual’), educación para el trabajo, organizaciones solidarias, derechos humanos, sensibilización de género, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre otros (SISMA, 2021, p. 12). Además, de lograr fortalecer el rol de las lideresas y defensoras en materia de incidencia en espacios como la Comisión temática de género de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y los Consejos Territoriales de Paz, Convivencia y Reconciliación.

Sin embargo, dentro de los ejes de adecuación institucional y lucha contra la impunidad, los avances son reducidos, sin que todavía haya resultados concretos en materia de protección para esta población. Hay tareas pendientes en la socialización del “Protocolo de Análisis del Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos” por parte de la Unidad Especial de Protección (UNP), así como en la implementación en la adecuación de medidas de protección que respondan a las necesidades de la población beneficiaria (Ibíd, p. 40). Existen algunas acciones con enfoque de género por parte de la Fiscalía General de la Nación en la aplicación de la Directiva 02 de 2017, donde integra los lineamientos de violencia basada en género (VBG) a la estrategia de defensores y defensoras de derechos humanos, y la capacitación a los fiscales para la estrategia de investigación de homicidios y amenazas en asuntos relacionados con VBG (Ibíd., p.43).

A nivel territorial, las mujeres y las organizaciones han puesto sus esfuerzos en la territorialización del PIGMLD con la creación de espacios de diálogo que fortalezcan las actividades en materia de prevención y protección como las ‘Mesas Territoriales de Garantías para mujeres lideresas”. Sin embargo, la respuesta de las autoridades locales es baja, sin que existan recursos técnicos, funcionales y presupuestales designados para la realización del programa. Si bien existen lineamientos que aterricen el programa a los territorios, no hay claridad sobre los mismos, y la creación de espacios para la participación de las mujeres (Ibíd., p. 45).

¿Qué está pasando? 

Para la implementación del PIGMLD, existe un plan de acción 2019-2022, que contó con la participación del Ministerio del Interior y diferentes organizaciones de mujeres a nivel nacional, como Sisma Mujer, y territorial, donde fueron planteadas una serie de acciones. De acuerdo a Sisma Mujer, de las 135 subactividades establecidas en el PIGMDL, muchas de ellas no habían iniciado y otras no presentaban avances. El 34% de las mismas están siendo implementadas de manera oportuna en temas relacionados con construcción de memoria histórica, acceso a educación, formación en enfoque de género a operadores de justicia, diseño e implementación de guías de atención en justicia a mujeres y personas LGBTI, escuelas deportivas, programas de formación o capacitación liderados por el SENA y la ESAP, entre otros (Sisma, 2021, p. 70).

A pesar de los esfuerzos, la situación de violencia se mantiene y aumenta contra las mujeres en los territorios, sobre todo en zonas rurales. Diferentes organizaciones como Sisma Mujer, Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres han manifestado que el PIGMLD no está siendo implementado adecuadamente y las medidas de protección para las mujeres defensoras tienen limitaciones estructurales (Mesa de apoyo, 2021). Según ‘INDEPAZ’, en el primer semestre de 2021 fueron asesinadas 19 mujeres, siendo los departamentos más afectados Cauca, Antioquia y Nariño (INDEPAZ, 2021).

El nivel de riesgo de seguridad es alto, las amenazas, la violencia sexual, el homicidio, el secuestro y la desaparición forzada, desincentiva el liderazgo de las mujeres, y las obliga a guardar silencio ante situaciones que vulneran sus derechos. No hay claridad sobre una “Ruta Única de Atención y Protección frente a Amenazas a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” y si la misma es liderada por la UNP o por los entes territoriales (Ibíd., p.30), sin designación de responsabilidades, ni articulación institucional y menos una hoja de ruta conjunta en el nivel nacional, departamental y municipal que permita atender de manera pronta e integral a las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos que estén en riesgo extraordinario debido al ejercicio de su labor.

Después de dos años de formulado el plan de acción del programa, todavía no se ven resultados concretos en los territorios que protejan y garanticen el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Si bien, el PIGMDL ha tenido avances en temas importantes para la igualdad de las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, todavía existen retos en materia de seguridad en lo que respecta a la articulación institucional a nivel nacional y territorial. Según, el último balance del plan de acción del programa, todavía persisten retos en la inclusión del enfoque de género en las medidas de protección, y existen dificultades con la UNP para la implementación del “Protocolo de Análisis de Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras”, además de la baja funcionalidad de la Mesa Técnica de Género durante 2020 y 2021 (Sisma, 2021, p. 40).

El PIGMDL es una oportunidad única para la que la institucionalidad y la sociedad civil trabajen articuladamente en la creación de espacios conjuntos y concertados, que consideren las necesidades en materia de seguridad y protección de las mujeres lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en los territorios.

Bibliografía:

  • Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final de Paz. (10/2020). Cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia. https://www.verificacion.cerac.org.co/