Publicado: 24 mar 2022

Una síntesis de la dinámica de la violencia y la criminalidad organizada en el Andén Pacífico nariñense, compuesto por los municipios de San Andrés de Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Mosquera, Olaya Herrera, El Charco, La Tola y Santa Bárbara, entre los meses de septiembre a diciembre de 2021, haciendo especial énfasis en las organizaciones criminales que allí operan, sus alianzas y territorios en disputa, resaltando las afectaciones que ha sufrido la comunidad en general y las personas en proceso de reincorporación en medio de estas confrontaciones.   

Vientos de paz se respiraban en el pacífico nariñense como producto de la firma del Acuerdo Final de Paz (2016). La promesa de la transformación del campo colombiano y los dividendos de la paz en materia de acceso a tierras, proyectos productivos, la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como el control territorial por parte de la fuerza pública en las zonas con antigua presencia de la extinta guerrilla de las FARC, avizoraban un panorama positivo que impactaría directamente en la calidad de vida de los habitantes de esta convulsionada región del país. 

Sin embargo, poco tiempo después de la firma de la paz, hizo aparición en la zona el Frente Oliver Sinisterra (FOS) al mando de Walter Patricio Arízala Vernaza, conocido con el alias “Guacho”, grupo disidente de la antigua guerrillaⁱ. A la aparición del FOS le siguió el fortalecimiento del grupo delincuencial conocido en la zona como “Los Contadores”ⁱⁱ. Allí, además se encuentran operando el ELN, la estructura denominada Bloque Occidental Alfonso Cano (BOAC), así como las agrupaciones que hacen parte del llamado Comando Coordinador de Occidente (CCO). En el siguiente gráfico se pueden apreciar todos los grupos armados no estatales que operan en el pacífico nariñense:

Grupos Armados No Estatales (GANE) que operan en el Andén Pacífico Nariñense

Nuevas organizaciones criminales sumadas a las que ya militaban en la zona han incrementado su presencia en Nariño, lo que se ha expresado en un proceso constante de coerción, control militar, amenazas, asesinatos y confrontaciones que han afectado a las comunidades, quienes coexisten en medio de una cruenta disputa territorial por el control de una de las regiones de mayor relevancia para la economía de la coca en el país. En efecto, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el 36% de los cultivos de coca a nivel nacional se producen en el pacífico, al que se suma un potencial de producción de clorhidrato de cocaína que asciende al 32% (UNODC-SIMCI, 2021, pág. 62). 

Hasta el año 2016, gran parte del negocio de la coca pasaba por la intermediación de las extintas FARC, que hasta ese entonces era el grupo armado no estatal (GANE) de mayor operatividad en la zona. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo Final de Paz, el incremento de los hechos violentos a causa de la atomización de los GANE que buscan controlar algunos eslabones de la cadena productiva de la coca ha sido exponencial. Una muestra de ello es el incremento de las masacres y personas dadas por desaparecidas en la zona de estudio, como se aprecia en la siguiente tabla, que refleja la difícil situación humanitaria que ha atravesó esta región del país durante el año 2021:

A lo largo del 2021, sólo en el municipio de Tumaco hubo un total de cuatro masacres, en las cuales se contabilizaron un total de 38 víctimas mortales. A estas, se suman cinco víctimas más en otra masacre ocurrida en el municipio de Roberto Payán, y un total de 20 personas desaparecidas en Mosquera y Tumaco (OCHA, 2022). 

Durante este año, las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Olaya Herrera fueron del 75,86%, 82,91% y 78,47%, respectivamente. Estas cifras, casi que triplican la tasa nacional correspondiente al 25,37% (Minjusticia), como se puede apreciar en el siguiente mapa, el cual presenta las tasas de homicidios de los años 2018 y 2021 en la zona de estudio: 

Andén Pacífico Nariñense Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
2018 - 2021

De acuerdo con lo señalado, la tendencia de la violencia homicida en Tumaco ha sido sostenida en el período 2018 – 2021, una tendencia similar se presenta en Barbacoas y Olaya Herrera. Mientras que Roberto Payán, Francisco Pizarro, Santa Bárbara y Mosquera han registrado alzas significativas entre 2020 y 2021, en donde los GANE ampliaron su accionar criminal en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. 

El escenario de la confrontación ha variado de forma recurrente, dando lugar a inusitadas alianzas entre antiguos contendores, como se verá más adelante. Llama particularmente la atención que, aunque en la subregión del Pacífico sur existe una alta presencia de operativos del Ejército, Policía y Armada Nacionalⁱⁱⁱ, las masacres, confinamientos y asesinatos selectivos no cesan, aún a pesar de ser una zona con una alta presencia de unidades militares y de policía desde hace veinte años.

Escenarios de la disputa territorial

El Andén Pacífico nariñense se compone de tres subregiones, estrechamente demarcadas por su hidrografía, así como por la dinámica sociocultural de las comunidades étnicas que allí habitan (Escobar, 2010, págs. 56-57). Estas subregiones son Telembí, compuesta por los municipios de Barbacoas, Magüí y Roberto Payán; Sanquianga, por los municipios de El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara; y, por último, el Pacífico sur, integrada por los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco (Ver Mapa). A continuación, se describe el escenario subregional de la confrontación armada.

Subregión Sanquianga:

Se trata de una de las zonas de mayor dificultad de acceso, ya que su principal ruta es el mar. De acuerdo con los testimonios de antiguos pobladores del municipio de Olaya Herrera (2021), entre julio y octubre de 2021, la subregión de Sanquianga fue escenario de disputa entre el BOAC, comandado por alias “Allende” y la Columna Móvil Franco Benavides (CMFB), subestructura armada del denominado CCO, alineado a la disidencia de alias “Gentil Duarte” y cuyo comandante fue alias “Jhonier” hasta su muerte el 23 de enero del presente año. Entre los meses de octubre y diciembre, la CMFB había logrado imponerse a sus contendores en la subregión, ejerciendo su rol de intermediario de los diferentes eslabones de la cadena productiva de la coca, principal economía en la zona.

/De acuerdo con información de inteligencia de la Policía Nacional (Policía Nacional, 2021), la arremetida del CCO obligó al BOAC a alinearse con la Segunda Marquetalia para repeler el ataque de la CMFB. Cabe mencionar que el dominio de la CMFB en esta subregión se encuentra estrechamente relacionado con la dinámica de la confrontación en el departamento del Cauca.

Frente a las afectaciones humanitarias, la intensidad de la confrontación llevó a alrededor de 3.850 personas a desplazarse forzadamente de las zonas rurales (OCHA, 2022), lo que convirtió a las cabeceras municipales de El Charco y Olaya Herrera en receptoras de población en búsqueda de refugio (El Espectador, 2021). El escenario del riesgo humanitario había sido puesto en conocimiento a las autoridades mediante la emisión de la Alerta Temprana No. 015 de la Defensoría del Pueblo desde julio de 2021^iv (Defensoría del Pueblo, 2021). 

Subregión Triángulo de Telembí:

En esta subregión hace presencia el ELN, a través del Frente Comuneros del Sur, el cual agrupa a las estructuras que operan en los departamentos de Cauca y Nariño. Este Frente es comandado por alias “Gustavo” o “HH” y se compone de las Compañías Móviles Elder Santos, Guerreros del Sindagua, Jaime Toño Obando y José Luis Cabrera Ruales, sin embargo, mantiene un bajo perfil en la zona. De acuerdo con información de la Policía Nacional, el Frente Comuneros del Sur y el BOAC, han realizado una alianza para contrarrestar la presencia de las estructuras del Comando Conjunto de Occidente, pero no se evidencian acciones militares en que confirmen dicha hipótesis.

Pacífico sur:

Se trata de la zona con mayores dificultades en materia de seguridad. En área rural del Distrito Especial de Tumaco, por ejemplo, se registraron cuatro de las seis masacres ocurridas en Nariño durante el 2021. Allí, la confrontación entre los GANE Los Contadores y el FOS contra la Columna Móvil Urías Rondón (CMUR) ha intensificado los combates y los hechos de violencia indiscriminada contra la población civil.

Durante el período de análisis, los combates y hechos violentos ocurridos en jurisdicción de los resguardos de Gran Rosario, Campo Alegre, La Brava e Inda Sabaleta de la comunidad indígena Awá, han obligado a las comunidades a confinarse ante la imposibilidad de movilizarse libremente por sus territorios debido a la cercanía de los combates y a la siembra de minas antipersonales (Entrevista grupal con líderes de la comunidad Awá, 2021) (OCHA, 2022).

En una situación similar se encuentran las zonas de los altos ríos Mira y Mataje, así como del corregimiento de Llorente, luego de que la CMUR se adentrara a las zonas previamente controladas por Los Contadores y el FOS (Policía Nacional, 2021).

Persistencia del riesgo para el liderazgo social y la reincorporación: recomendaciones para el Estado colombiano en el Andén Pacífico

La violencia en contra de las comunidades indígenas y afro, así como el asedio constante al que se ven obligados los firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación¹ por parte de los grupos armados de la zona, evidencian la intensificación de la disputa entre los grupos criminales en la lucha por controlar una parte del negocio de la coca, así como también el de la extorsión, los mecanismos de lavado de dinero o cualquier otra actividad económica, legal, informal o ilegal como parte del botín de guerra. Poco a poco, los procesos étnico-territoriales y de etnodesarrollo han venido siendo afectados, pues sus agendas nuevamente deben concentrar su atención en el respeto a la vida ante la cercana amenaza de los grupos armados no estatales.

A esta tragedia humanitaria se suma el sistemático incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en el marco del Acuerdo Final de Paz. Tal incumplimiento fue recientemente señalado por la Procuraduría General de la Nación, la cual informó que los pagos iniciales y de seguridad alimentaria para las personas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) han llegado a cuentagotas. Para el caso de las comunidades étnicas, luego de cuatro años de implementación estas no cuentan aún con un enfoque étnico diferencial ni con acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria en sus territorios. Para finales de 2021, sólo se había dado cumplimiento a un 19% de los compromisos adquiridos con estas comunidades²

Mientras las situaciones de desplazamiento masivo, las denuncias de confinamiento, el reclutamiento forzado, el asesinato y las amenazas se han convertido en parte de la vida cotidiana de las comunidades que habitan la zona, llama especialmente la atención la poca efectividad de la fuerza pública para contener la expansión de estos grupos después de dos décadas de guerra en el pacífico nariñense. Y si bien muchos de los análisis existentes sobre la dinámica de la violencia en la zona coinciden en señalar la intensificación de la confrontación, es evidente que la expansión de las estructuras del CCO en Nariño han recrudecido la violencia.

Ya sea por la búsqueda de la hegemonía de uno de los grupos en la contienda, o incluso, como producto de las alianzas entre antiguos contendores para repeler los intereses de “Gentil Duarte” en el Pacífico, en medio de tal escenario se entremezclan los intereses locales, regionales y transnacionales tras los réditos de la cadena productiva de la coca.

En efecto, para los grupos armados el botín de guerra no es menor. Se trata de la zona cocalera más importante para productores e intermediarios de la coca y la cocaína en el país. Allí, desde la siembra, el procesamiento, rutas seguras para un ágil transporte del alcaloide, y un fácil acceso a mercados internacionales a través del mar, se entrelazan en una cadena que alimenta a cada uno de sus participantes. Desde el campesino cultivador, al dueño del almacén de abarrotes, pasando por restaurantes, casas de cambio, estaciones de gasolina, y en general, toda la economía de la región recoge los réditos de esta economía criminal aún a expensas de sus graves costos humanitarios.

Aun así, se trata de un territorio en donde las necesidades y prioridades se encuentran plenamente identificadas. Un importante número de pobladores locales se vincularon un par de años atrás al PNIS, de tal forma que dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz es fundamental para la recuperación de la confianza en la institucionalidad pública.

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Notas:

¹ Es importante recordar el asesinato del firmante del acuerdo en proceso de reincorporación, José Alexander Quiñones, ocurrido en Tumaco en enero de 2021, El presunto responsable material del homicidio, conocido con el alias de “El Paisa”, fue capturado por las autoridades en junio de 2021 en la ciudad de Tumaco.

² De acuerdo con el Tercer Informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz de la Procuraduría General de la Nación “a marzo de 2021, el número de familias con recursos comprometidos para proyectos de ciclo corto llegó a 6.777 (8% del total), mientras que el número de familias con recursos ejecutados en ese componente fue de 4.776 (6%). De forma complementaria, se habían destinado recursos para 1.792 (2%) familias en fase de proyectos de ciclo largo, y solo 726 (0,8%) efectivamente habían recibido los 19 millones, correspondientes a la totalidad de recursos de los dos tipos de proyectos productivos”. (Procuraduría General de la Nación, 2021, pág. 62)

Bibliografía

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Anónimo. (Diciembre de 2021). Entrevista semiestructurada con pobladores del municipio de Olaya Herrera, Nariño. San Andrés de Tumaco, Nariño.

(25 de Noviembre de 2021). Consejo Noruego para Refugiados.

Defensoría del Pueblo. (2021). Alerta Temprana No. 015 de 2021.

El Espectador. (14 de abril de 2021). Las necesidades en El Charco (Nariño) un mes después del inicio de enfrentamientos. El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/las-necesidades-en-el-charco-narino-un-mes-despues-del-inicio-de-enfrentamientos-article/

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Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes. (E. –E. editores, Ed.) Popayán.

Minjusticia. (s.f.). Sistema de Información para la Política Criminal. Bogotá. Recuperado el Enero de 2022, de https://politicacriminal.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalWebSite

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Policía Nacional, S. d.-P. (26 de noviembre de 2021). Entrevista semiestructurada.

Procuraduría General de la Nación. (2021). Tercer Informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz. Bogotá: PGN. Recuperado el Enero de 2022, de https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/ResumenEjecutivo_20Sept_2021.pdf

UNODC-SIMCI. (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Bogotá: UNODC-SIMCI. Recuperado el 28 de enero de 2022, de https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf