Agresiones a defensores del medio ambiente: la otra alerta roja en la región del Catatumbo | Sistema de Análisis de Grupos Armados

Publicado: 17 may 2022

Son numerosos los procesos de reivindicación ambiental y de acceso a la tierra que han quedado truncados por las amenazas, homicidios y desplazamientos forzados que han sufrido los líderes y defensoras ambientales que los impulsaban.

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En la región del Catatumbo¹, en el departamento de Norte de Santander, son múltiples los factores que han puesto en riesgo el ejercicio del liderazgo social. Uno de ellos, está asociado con la defensa y protección del medio ambiente y los recursos hídricos con los que cuenta la región. En este marco, son numerosos los procesos de reivindicación ambiental y de acceso a la tierra, que han quedado truncados por las amenazas, homicidios y desplazamientos forzados que han sufrido los líderes y defensoras ambientales que los impulsaban y porque, en ocasiones, no denunciar se ha vuelto la mejor medida de autoprotección.

Desde hace al menos quince años, instituciones como la Defensoría del Pueblo han generado alertas sobre las afectaciones al medio ambiente y las conflictividades y afectaciones sociales que esto ha desencadenado en la región del Catatumbo. A pesar de esto, la gran mayoría de problemáticas como la contaminación de las fuentes hídricas y la deforestación por cultivos de uso ilícito continúan vigentes e incluso se han recrudecido como bien lo señalan los defensores de derechos humanos y las cifras que reportan organizaciones ambientales que se relatan a lo largo del texto.

Aproximación conceptual del liderazgo ambiental

De acuerdo con las Naciones Unidas (2018), un defensor de los derechos humanos es toda persona que de manera individual o colectiva promueve, protege y/o procura la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional. En este proceso, pueden desempeñar labores pacíficas de defensa, reivindicación, veeduría, protección y promoción.

En los últimos años, el arquetipo de lo que representa un defensor de derechos humanos ha logrado transformarse pues se le ha dado el reconocimiento a liderazgos y labores de sectores menos visibles como las mujeres y los defensores del medio ambiente (ONU, 2018). Lo anterior, resaltando que los liderazgos están en función de las diferentes agendas y actividades que se realicen en los diferentes territorios.

Hay diferentes fuentes que han intentado aproximar el concepto de persona defensora del medio ambiente incluyendo a instituciones
del Estado colombiano para hacerle frente a la problemática de las agresiones. De acuerdo con la organización de derechos humanos Global Witness (2021, pág. 27), las personas defensoras de la tierra y el medioambiente son aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación de recursos naturales o del medio ambiente que se da de manera injusta, discriminatoria y corrupta.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible define que los defensores ambientales son “aquellas personas que promueven y procuran la protección, promoción y conservación de la naturaleza, en este sentido su calidad de defensor radica en la labor que realiza, con independencia de que la persona que lo realice sea un particular o un funcionario público” (2021).

Dentro del ‘Acuerdo de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’ – en adelante Acuerdo de Escazú – se señala que se trata de personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del medio ambiente. Finalmente, dentro del documento CONPES 4063 sobre la protección a líderes sociales, aprobado en diciembre de 2021, se considera al liderazgo ambiental como uno de los ámbitos de trabajo de personas que defienden los derechos humanos con mayor nivel de vulnerabilidad (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2021).

Hay diferentes fuentes que han intentado aproximar el concepto de persona defensora del medio ambiente incluyendo a instituciones del Estado colombiano para hacerle frente a la problemática de las agresiones. De acuerdo con la organización de derechos humanos Global Witness (2021, pág. 27), las personas defensoras de la tierra y el medioambiente son aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación de recursos naturales o del medio ambiente que se da de manera injusta, discriminatoria y corrupta.

Riqueza ambiental en medio de la violencia

La región del Catatumbo goza de una diversidad biológica que la convierte en un importante enclave ambiental por contar con reservas forestales, humedales, un Parque Nacional Natural (PNN)², entre otros. Pero esta condición, incidió en que históricamente se dieran procesos acelerados y desorganizados de colonización por las importantes reservas de hidrocarburos petróleo, carbón y uranio, con gran potencial para su extracción y por el cultivo de coca (Defensoría del Pueblo, 2006).

A pesar de que, en el primer trimestre de 2021, el monitoreo del IDEAM arrojó que, en municipios como Tibú, históricamente afectados por la deforestación, éste fenómeno había disminuido en un 6% (2021, pág. 7), estudios señalan que la problemática está lejos de mejorar dada la inexistencia de un imaginario cultural alrededor del significado de los bosques y su importancia (Andrade & Castro, 2019). Frente a esto y dadas las limitaciones de acceso por falta de infraestructura y por las condiciones de seguridad, desde las alcaldías de los municipios y organizaciones ambientales de la región han enfocado su trabajo a la sensibilización y denuncia de eventos de afectaciones al medio ambiente.

A continuación, se describen algunos de los escenarios de afectación ambiental que continúan presentándose en la región y que han incrementado el riesgo vulnerabilidad de líderes y lideresas que asumieron una agenda ambiental. Varios de ellos, se enmarcan en las dinámicas del conflicto armado:

Ataques a la infraestructura petrolera

De acuerdo con la base de datos de Acciones y Afectaciones de la FIP (Sarmiento, y otros, 2020), desde 1984 hasta 2015, el departamento de Norte de Santander fue la tercera zona del país con el mayor número de ataques a la infraestructura petrolera por parte de grupos armados ilegales con 663 ataques. De este total, el 40% tiene como presunto responsable a la guerrilla del ELN.

Así mismo, reportes entregados por la Fuerza Pública señalan que, durante 2021, el ELN y la disidencia de la FARC atentaron contra el Oleoducto Caño Limón – Coveñas (OCC) en al menos siete oportunidades (RCN Radio, 2021). A esto se le suman la instalación de válvulas ilícitas para la extracción del crudo, que según actores locales³, generan un impacto ambiental mayor pues, por un lado, se generan constantes filtraciones que logran llegar a la capa vegetal y a las quebradas y por otro, porque tras extraerse el crudo, éste es procesado artesanalmente para sacar la gasolina artesanal conocida como “Pategrillo” y los residuos líquidos van a parar a fuentes hídricas como el río Catatumbo. De acuerdo con Ecopetrol, en el último año fueron identificadas 118 conexiones ilícitas con válvulas y se estima que los grupos armados ilegales hurtaron alrededor de 24.661 barriles de crudo (La Opinión, 2022).

Los constantes ataques al OCC han generado afectaciones del suelo, la cobertura vegetal y las fuentes hídricas vitales para las comunidades aledañas. En este marco, la problemática ambiental se acentúa cuando los equipos técnicos no logran entrar a atender las contingencias por motivos de seguridad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). La Defensoría del Pueblo (2020, pág. 8) también ha denunciado que los grupos armados ilegales, encargados de negociar el “pategrillo”, hacen todo tipo de exigencias a las comunidades aledañas al OCC, y les exigen una entrada libre a los predios para instalación de las válvulas ilegales. Esta situación ha generado amenazas y agresiones físicas contra defensores del medio ambiente, quienes se han opuesto a este tipo de actividades por la alta afectación ambiental que genera.

Fuente: Afectación hídrica por derrame de crudo en el río Tibú
(Corponor, 2019)

Expansión de la frontera agrícola y deforestación por cultivos de coca

De acuerdo con actores locales⁴, una de las causas por las que liderazgos ambientales han sido agredidos por parte de grupos armados ilegales, se relaciona con las denuncias que realizan por la expansión de la frontera agrícola para siembra de cultivos de coca, la deforestación y por los lixiviados y demás residuos producto de los cultivos de uso ilícito y los laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca.

Según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 de SIMCI (2021, pág. 72), Tibú continúa siendo uno de los municipios con mayor afectación en Colombia, concentrando el 13,5 % del total nacional y el 48% del total departamental. Adicionalmente, municipios como Sardinata, El Tarra y Teorama están entre los diez con más hectáreas de coca. También el PNN Catatumbo Barí, es el área protegida con mayor afectación de coca (1.692 hectáreas) y con tendencia a incrementar.

Área (ha) sembrada con coca al interior del PNN Catatumbo Barí

Fuente: Elaboración propia con datos de SIMCI 2021

Actores locales señalan⁵ que, la situación al interior del PNN y los resguardos indígenas Catalaura y Motilón Barí es crítica en cuanto las autoridades indígenas y sus liderazgos, a pesar de que han logrado contener los efectos del conflicto armado en comparación con otras zonas del país, han sufrido la violencia por parte de los grupos armados ilegales presentes en la zona que imposibilitan adelantar acciones de denuncia.

De acuerdo con el ex Relator Especial sobre los defensores de los derechos humanos, Michael Forst, las comunidades indígenas son uno de los sectores con mayor riesgo por su labor de denuncia de corrupción, defensa de agua y el medio ambiente, entre otros. Estas reivindicaciones, usualmente surgen por la implementación de proyectos minero-energéticos, la agroindustria, la ganadería extensiva y las economías ilícitas (2018, pág. 23).

Por otro lado, y de acuerdo con el monitoreo de deforestación del IDEAM (2021), en la cobertura de bosque ubicada en la región de Catatumbo existe un núcleo de deforestación directa – donde se estaría reemplazando bosque por lotes de coca – e indirecta – zonas aledañas de hasta 1km donde se reemplaza bosque por lotes de coca.

A pesar de los numerosos operativos de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública y de los acuerdos para la sustitución de cultivos que se dieron en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en un análisis de la WWF (2021) sobre la deforestación, se describe que el fenómeno conocido como fugas – que hace referencia a cuando se deforesta una zona distinta por controles estatales – podría presentarse en regiones como el Catatumbo porque los grupos armados ilegales continúan siendo los mismos agentes que promueven la deforestación relacionada con los cultivos de coca.

De acuerdo con la Dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, durante 2021, fueron incautados en Norte de Santander más de 950.000 kg de insumos sólidos y 400.000 galones e insumos líquidos para la extracción de base y transformación de clorhidrato de cocaína.

El hecho de que Catatumbo sea un enclave productivo de coca, donde se tiene a la mano desde el cultivo hasta los insumos y rutas estratégicas para sacar la coca, ha provocado una insostenibilidad ambiental que estaría lejos de disminuir con las actuales condiciones.

Esta condición se evidencia también en las altas cifras de desmantelamientos por parte de la Fuerza Pública de infraestructura para la producción de clorhidrato de cocaína y de infraestructura primaria donde se realiza el proceso de producción de hoja de coca como cocinas y laboratorios de base de coca. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, entre 2020 y 2021, se desmantelaron 1363 de estas infraestructuras.

De acuerdo con UNODC, la consolidación de los cultivos y el incremento en los indicadores de productividad y rendimiento generaron que Catatumbo se convirtiera en la segunda región con mayor aporte al potencial de producción de cocaína del país durante 2020, con 312 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, es decir, un 40% más de lo producido durante 2019 (2021, pág. 75).

Agresiones a líderes ambientales y defensores de derechos humanos

Las afectaciones producidas por procesos legales e ilegales que atentan contra el medio ambiente han conllevado a que líderes sociales inicien procesos de denuncia ante autoridades nacionales y locales y al ejercicio de veeduría generando incomodidad en actores armados ilegales y otros sectores como el privado. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2020, págs. 14-16), la falta de garantías institucionales para la protección de este tipo de liderazgos ha generado eventos de desplazamientos forzados y amenazas de líderes ambientales que reivindican la protección del derecho al agua.

Durante 2020, cuatro líderes con agenda ambiental fueron asesinados en la región del Catatumbo. Todos eran hombres – Global Witness, 2021

Áreas de especial interés ambiental en Norte de Santander
y afectaciones al liderazgo ambiental en 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAC 2021, SIMCI 2021, Observatorio de Drogas de Colombia 2022 y Front Line Defenders 2021.

En su informe anual, Global Witness señala que, durante 2020, en Colombia fueron asesinadas 65 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. De este total, el departamento de Norte de Santander ocupó el tercer lugar con siete casos (10%) (ver mapa), después de Cauca (30%) y Chocó (12%). Esta fuente señala que este tipo de liderazgos están fuertemente inmiscuidos en espirales de violencia provocados por organizaciones criminales y de origen paramilitar (2021, pág. 14). De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2020), entre 2013 y 2019, del total de liderazgos de mujeres agredidas en Colombia, 19 eran lideresas ambientales.

En la región del Catatumbo hay numerosos líderes que pueden llegar a tener una doble agenda a la hora de ejercer el liderazgo social y una de ellas es la defensa y protección del medio ambiente. Es decir, hay presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) que también trabajan en la defensa del Medio Ambiente en sus veredas. Esta integralidad en el trabajo social por parte de defensores constituye un incremento en el riesgo al multiplicarse las reivindicaciones de derechos en la región.

Las reivindicaciones no se presentan sólo en la región del Catatumbo, también en la zona rural de Cúcuta, líderes han luchado por la protección de Cerro Mono que es una región montañosa con múltiples nacimientos de agua que abastecen a las comunidades de la zona (incluye, parte de los munidpios de Tibú y El Zulia). De acuerdo con investigaciones, en elcorregimiento de Palmarito. para 2019 se identificaron 20 bocaminas—entrada a una mina —de minería ilegal de carbón que se extendía en por al menos 500 hectáreas amenazado al recurso hídrico (ElTiempo, 2019). líderes y defensoras ambientales que denunciaron este tipo de sucesos se ‘vieron afectados por amenazas.

Hay zonas donde desafortunadamente, y de acuerdo con actores locales⁶, la mejor forma de autoprotegerse es no denunciando problemáticas asociadas al medio ambiente. Esta situación se acentúa, además, porque las autoridades competentes en materia de protección ambiental como lo es la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), carecen de garantías, principalmente en términos de seguridad, para entrar a administrar y velar por la protección de los recursos ambientales en las zonas más apartadas de los municipios del Catatumbo.

El todavía no ratificado acuerdo de Escazú

Organizaciones defensoras del medio ambiente y líderes ambientales han señalado que la firma del Acuerdo de Escazú, que no ha sido ratificado por el Congreso de la República, podría mejorar la condiciones para el ejercicio de este tipo de liderazgos (Programa Somos Defensores, 2021; CCJ, 2020). Autores como Jiménez Guzmán & Madrigal-Pérez (2020, págs. 50-51), describen cómo este Acuerdo permitió visibilizar asuntos como las agresiones a líderes ambientales en países como Colombia y Brasil donde la defensa del medio ambiente es considerada como una de las labores con más riesgo.

En su artículo 9o, señala la responsabilidad de los Estados parte de garantizar no sólo un entorno seguro y propicio para el ejercicio del liderazgo ambiental, sino también el compromiso de adoptar las medidas adecuadas y efectivas para investigar, sancionar⁷ y prevenir todo tipo de agresiones de personas defensoras del medio ambiente a la hora de denunciar y promover su protección (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018). En línea con esto, el Acuerdo de Escazú envía un mensaje claro en términos de que se creen jueces especializados en materia ambiental que garanticen una jurisdicción especializada para atender los casos en los que un líder o lideresa social con agenda ambiental sea agredido (Jiménez Guzmán & Madrigal-Pérez, 2020).

Es preciso resaltar que Colombia cuenta con legislación y normativas nacionales e internacionales⁸ orientadas a la protección y defensa del medio ambiente y de articulación como el grupo de Coordinación y Articulación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) – tanto en lo relacionado con la prevención y protección del liderazgo social, como con la protección del medio ambiente – que, de implementarse, ser constantes y evaluadas, podrían incidir de manera positiva en el ejercicio de prevención y protección. Incluso, la misma Constitución Política del 91 ha sido considerada como una “Constitución ecológica” por el esfuerzo que interpone en el sistema normativo constitucional para la defensa y conservación del medio ambiente, y la protección de bienes ecológicos necesarios para asegurar un desarrollo sostenible (Polo, 2008)⁹. De hecho, el pasado mes de julio de 2021, la Ley de Delitos Ambientales que creó seis nuevos delitos ambientales y fortaleció las sanciones de cinco ya existentes en el Código Penal colombiano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Lo cierto es que con o sin la ratificación del Acuerdo de Escazú, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de continuar con la garantía del ejercicio de liderazgo social y las investigaciones de sus victimarios, teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Son numerosas las normas y programas que se han creado, incluso desde antes de la Firma del Acuerdo Final de Paz¹⁰, para hacer frente a la situación de protección y garantías de seguridad para defensores de derechos humanos en los diferentes contextos. Sin embargo, los liderazgos sociales y organizaciones de derechos humanos han señalado que se han presentado dificultades a la hora de su efectiva implementación por asuntos como: problemas estructurales al interior de las instituciones encargadas; falta de armonización entre las normas y programas, falta de asignación de recursos y claridad en los procesos de priorización; desconocimiento de los diferentes escenarios de riesgo en lo local; desconocimiento de la normatividad y los programas, entre otros (Comisión Colombiana de Juristas, 2020, págs. 72-74).

De acuerdo con la política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social – CONPES 4063 – a diciembre de 2021, se pudo constatar que no se habían implementado acciones de seguimiento y evaluación que orientaran las acciones propuestas en las diferentes normativas y planes para la prevención y protección del liderazgo social. Adicionalmente, el documento señala que la desarticulación institucional para la ejecución de acciones de prevención ha dificultado la armonización de esfuerzos y recursos (2021, pág. 56).

Notas

¹ Se consideraron los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

² El PNN Catatumbo Barí fue declarado como tal en 1989 y tiene una extensión de 158.125 hectáreas y se encuentra en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú.

³ Entrevista actor local, Cúcuta 2022.

⁴ Entrevista líder social Cúcuta, 2022; Entrevista funcionario público Tibú, 2022.

⁵ Entrevista líder social Cúcuta, 2022; Entrevista funcionario público Tibú, 2022; Entrevista líder indígena, Cúcuta 2022.

⁶ Entrevista actor local Sardinata, 2022.

⁷ Hasta la fecha y de acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre 2020 y 2021, fueron capturados por delitos ambientales 17 personas en la región del Catatumbo. En estos casos, los delitos fueron imputados por temas relacionados con el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, explotación ilícita de yacimientos mineros y por maltrato animal.

⁸ Como los 19 convenios, tratados y acuerdos internacionales adoptados por el Estado colombiano en materia.

⁹ La constitución comprende al menos 10 artículos relacionados con normas y principios ambientales.

¹⁰ Con el Acuerdo de Paz, se crearon las siguientes figuras más representativas: el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, entre otros.

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