Publicado: 25 may 2023
Desde que se cerró la frontera entre Colombia y Venezuela a mediados de 20151, los pasos fronterizos irregulares, más conocidos como trochas, se convirtieron en la única opción para que miles de personas – de nacionalidad colombiana y venezolana – crucen la frontera y compren medicinas, alimentos, insumos, e incluso asistan a clases2. Situación que, fue aprovechada por grupos armados ilegales y delincuenciales con presencia en la zona para fortalecer el control territorial que ejercen. A diciembre de 2021, las autoridades y organizaciones locales estimaron la existencia de más de 48 trochas ubicadas a lo largo de la frontera de los municipios de Norte de Santander (Fundación Konrad Adenauer, Universidad del Rosario, 2020, pág. 105).
Usos y abusos en los pasos fronterizos irregulares
Lo que ocurre en la frontera del departamento de Norte de Santander, caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales, grupos delincuenciales y grupos transnacionales de narcotraficantes3, se ha venido revelando como aquel “Segundo Estado” o “Segunda realidad” que define Rita Segato (2013) para explicar la forma de control social y de la violencia que se ejerce sobre la mujer en ciertos espacios de los Estados nacionales, como lo pueden ser las fronteras binacionales.
En línea con lo expuesto por la autora, es posible identificar que el alto nivel de criminalidad y de violencia en esta zona, así como su presencia ininterrumpida, es producto de factores como: los cierres fronterizos oficiales y las falencias en las relaciones diplomáticas con Venezuela; la baja o nula presencia institucional, en términos no solo de Fuerza Pública; el alto nivel de control territorial por parte de actores armados ilegales y la impunidad; así como, de las distancias geográficas imposibles de verificar y controlar en todo momento por parte del Estado.
Las estructuras ilegales controlan las trochas y sus alrededores para garantizar la continuidad del contrabando, las extorsiones, la trata de personas4, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas, el narcotráfico, entre otros, a través de puntos de control y la imposición de normas de circulación. De esta forma, las estructuras armadas ilegales han reinstalado formas de control sobre las mujeres y la población en general (Segato, 2014, pág. 54).
Las personas no cruzan por los puentes porque les cobran sobornos que encarecen el viaje, y por ello, las personas optan por la opción más económica y riesgosa: cruzar por pasos ilegales. Hay que pagar entre 10.000 y 15.000 pesos (2-4 dólares) a quienes las controlan (La Opinión, 2021).
El conflicto armado interno en Colombia, después de la dejación de armas de las antiguas FARC-EP, se desdibujó en diferentes regiones del país. En la frontera colombo-venezolana, hoy, es una realidad que, en la mayoría de las ocasiones, los actores locales no reconozcan a las estructuras armadas ni sus integrantes5.
Esta situación, ha hecho difícil la tarea de identificar quiénes están ejerciendo la violencia, porque no está ocurriendo dentro de límites de tiempo y espacio claros. A esto, se le suma que las víctimas de las zonas de frontera también están siendo invisibilizadas por su condición de migrantes irregulares, lo cual impide su identificación y el acceso a la justicia.
En los últimos años, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, se han disputado el control de las trochas, más específicamente en la frontera de los municipios de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario. Sitios en los que se ha registrado reclutamientos forzados, masacres, violencias sexuales y homicidios.
De acuerdo con actores locales, en algunos de los casos se ha podido determinar que los homicidios se han cometido sobre personas señaladas de pertenecer a uno u otro grupo ilegal, como forma de retaliación y en ocasiones, por simple señalamientos. También hay una dinámica de disputa entre el ELN y el grupo conocido como Tren de Aragua en la zona de La Parada en Villa del Rosario.
Adicionalmente, como estrategia de control, los grupos han despojado tierras cercanas a las trochas, provocando así desplazamientos individuales y colectivos invisibilizados por la falta de denuncias ante el temor de represalias6 o por la esperanza de retornar tiempo después. De acuerdo con el monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Norte de Santander (2020), la población migrante y refugiada se ha visto afectada por las acciones de violencia armada en el departamento, especialmente en la región del Catatumbo y en el corredor fronterizo. Asimismo, han reportado que en los últimos años se han presentado desplazamientos desde el Estado de Zulia – incluyendo población indígena – hacia la zona rural de Cúcuta por los constantes enfrentamientos entre los diferentes grupos armados ilegales con presencia en el territorio venezolano.
En el marco de estos escenarios, se ejercen violencias que resultan siendo utilizadas como “ejemplarizantes” para las comunidades, tal y como ha sucedido con los casos de homicidios de los llamados “trocheros” o “maleteros”7 (La Opinión, 2020; 2022). De acuerdo con el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander (2021, pág. 18), hay zonas de municipios, como Villa del Rosario, donde es común encontrar restos humanos abandonados estratégicamente por las trochas, para posteriormente ser grabados y circular el material audiovisual a través de las redes sociales.
En línea con lo señalado por Uribe (1990, pág. 187), este tipo de actos “no son casuales ni fortuitos”, sino que se trata de eventos a través de los cuales un actor armado ilegal ejerce una forma extrema de poder con ocurrencia en zonas donde el ejercicio de poder del Estado es casi nulo. Esto se conecta con las escenas finales posteriores a las masacres y homicidios, donde el uso de las partes humanas tiene como único fin generar temor en las personas que transitan por estos espacios y en las comunidades aledañas provocando su desplazamiento forzado (Uribe, 1990, pág. 169).
Un elemento importante de señalar son las diferencias en las relaciones grupo armado ilegal-Mujeres. De acuerdo con actores locales, el ELN ha ejercido violencia y control social sobre la mujer donde ejercer la prostitución, en lugares como Villa del Rosario, es fuertemente castigada. Caso contrario ocurre con grupos que se autodenominan Tren de Aragua que, a conveniencia, a mayor ejercicio de la prostitución mayor ganancias para la estructura dado el porcentaje con el que se quedan. En palabras de una lideresa social de la zona:
“entre más mujeres ejerzan la prostitución pues es más ganancia para ellos, porque se quedan con la mayoría de porcentaje del dinero que ellas hacen con ese medio. Eso es particularmente injusto pues ellas son las que ponen el cuerpo, buscan el cliente y demás y los del Tren son los que se quedan con el 60%.” (Lideresa social, La Parada, 2023)
Pese a la alta militarización del departamento, los pasos sobre la frontera – hídrica principalmente – están completamente bajo el control de los grupos armados, quienes cuentan con transporte acuático para su fácil y constante tránsito a lo largo de ríos, como el Guaramito, lo cual les permite ir y venir a lo largo de la frontera (Defensoría del Pueblo, 2020). Instituciones como la Defensoría del Pueblo han denunciado que delitos como el secuestro, uso y reclutamiento e incluso la desaparición forzada, son incluso llevados a cabo en territorio venezolano.
“(…) en las trochas se pueden encontrar entre cinco y seis retenes legales e ilegales, pero eso no ha sido garantía de nada porque igual las personas siguen estando expuestas a las extorsiones, la violencia sexual, la trata de personas.” (Líder social, Cúcuta, 2023)
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil de Norte de Santander8, mientras los pasos oficiales estén cerrados, las relaciones diplomáticas congeladas y las trochas sigan siendo controladas por actores armados ilegales, que permean a la institucionalidad en la zona de frontera9, la vida e integridad de quienes por necesidad hacen uso de las trochas, seguirán siendo objeto de todo tipo de violencias (Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, 2021, pág. 18).
Violencia anómica10 sobre el cuerpo de la mujer en la región
Desde el concepto de la “Segunda realidad”, los crímenes y delitos, que se presentan ocurren “sin un sujeto personalizado realizados sobre una víctima tampoco personalizada, un poder secreto abduce a un tipo de mujer, victimizándola, para reafirmar y revitalizar su capacidad de control” (2013, pág. 42).
Es importante mencionar este escenario de la segunda realidad pues diferentes organizaciones de mujeres y de derechos humanos y líderes y lideresas sociales de la zona, concuerdan en que hay dos niveles de desconocimiento en los casos de agresiones a mujeres en la zona de frontera: se desconoce al victimario y, en la mayoría de las ocasiones, se desconoce la identidad de la víctima por su condición de migrante irregular y de bajas condiciones socioeconómicas11.
Diferentes eventos de violencia sexual en la frontera entre Norte de Santander y Venezuela han sido atribuidos a grupos armados ilegales como el ELN, el EPL o Los Pelusos, las AGC o Clan del Golfo y al Tren de Aragua por la presencia y el control que tienen sobre los pasos fronterizos informales (Mancilla, 2021, pág. 28). Estos casos, sumados a desapariciones forzadas de mujeres no denunciados, han tenido una doble afectación12 a mujeres, niñas y adolescentes de nacionalidad Venezolana que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor por su condición de migrantes irregulares.
También personas LGBTI en el Catatumbo han sufrido victimizaciones que afectan su derecho a la vida y a la integridad personal. Según el más reciente informe de Caribe Afirmativo (2021, pág. 22) sobre las afectaciones a esta población en la región del Catatumbo, la violencia se ha materializado a través de homicidios, feminicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado, amenazas, entre otros. Tibú y Villa del Rosario, son de los municipios fronterizos más afectados. La fuente también destaca que las personas LGBTI de nacionalidad venezolanas no suelen figurar en las cifras de los delitos anteriormente señalados por el bajo nivel de denuncia provocado por el temor a represalias, a sufrir algún tipo de proceso migratorio como la deportación por encontrarse en situación de irregularidad o porque simplemente sus cuerpos son desaparecidos (Caribe Afirmativo, 2021, pág. 34). De acuerdo con estudios de violencia sexual realizados sobre mujeres de nacionalidad venezolana en la frontera colombo-venezolana, se encuentran aproximaciones que relatan cómo la mujer es vista en esta zona como un cuerpo sexual disponible para complacencia de la población masculina que allí habita:
“(…) las crónicas de estas mujeres dejan ver cómo las trochas son el escenario para el sometimiento de sus cuerpos, y de allí que no se puede desconocer que el estatus migratorio de irregularidad crea la oportunidad para que las mafias paraestatales en la frontera colombo-venezolana creen y controlen los pasos fronterizos ilegales.” (Mancilla, 2021, pág. 33).
Tipos de violencias
Hay una amplia variedad de afectaciones hacia esta población que, por necesidad, optan por cruzar los pasos fronterizos irregulares. De acuerdo con actores locales y organizaciones de la sociedad civil, se han registrado desde casos de violencia sexual, secuestro, explotación sexual, tráfico de órganos, esclavitud laboral, hasta robo de cabello humano atentando contra la vida, libertad e integridad de las víctimas.
Organizaciones locales han señalado que la violencia sexual es una de las principales afectaciones que ocurren en los pasos fronterizos irregulares (Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, 2021). Aunque aún no ha sido posible su verificación por parte de las autoridades competentes, las comunidades han señalado la existencia de fosas comunes en zonas aledañas a las trochas donde son abandonados cuerpos de mujeres asesinadas por grupos armados ilegales cuando son señaladas de ser informantes o trabajadoras sexuales. Esta dinámica, coincide con las posibles causas de feminicidios que se han presentado a lo largo de la región del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana.
“Hay zonas que les llaman "el hueco" que hacen referencia a espacios donde son llevadas mujeres a torturar a cambio de información o por castigo por ejercer la prostitución. Muchas no salen con vida de eso y las desaparecen. La mujer puede resultar sospechosa de ser informante de un grupo ilegal contrario o de la Fuerza Pública. Se han presentado casos donde castigan a las mujeres y las obligan a cargar piedras a lo largo de la trocha.” (Lideresa social, Villa del Rosario, 2022)
También se han presentado denuncias por lo que han denominado “oleadas” de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en los cascos urbanos de municipios fronterizos, las trochas, y en la ciudad de Cúcuta para introducirlas en redes de trata de personas y explotación sexual y para el tráfico de órganos13. Esta situación es preocupante porque de acuerdo con un estudio sobre la trata de personas en Norte de Santander, en el 82.3% de los casos de trata tienen como finalidad la explotación sexual (Colmenares, Fuentes, & Mantilla, 2021, pág. 19).
“La compra del cabello humano oscila entre los 50.000 hasta 200.000 y posteriormente, la red de venta los negocia desde los 400.000 pesos.” (Funcionaria pública alcaldía de Cúcuta, 2022)
“Les roban el cabello, que por ejemplo en Cúcuta lo venden a 100.000, en la trocha te dan de 10 a 20 mil pesos. Usualmente los trocheros se quedan con eso, pero también los grupos ilegales.” (Lideresa social, Villa del Rosario, 2022)
Otro asunto que continúa invisibilizado pero que es bien conocido en las comunidades de la zona de frontera, es el tráfico de órganos, cuyo origen y final es generalmente desconocido. De acuerdo con actores locales, existe una fuerte relación entre las desapariciones forzadas y el tráfico de órganos. Esta situación, por rara que parezca, involucra también la venta de cabello humano que se presenta tanto por la venta voluntaria de quien lo ofrece14 para pagar por el paso de la trocha “vacuna”, como a través de la violencia física donde el victimario hace uso de drogas o el amedrantamiento para cortar el cabello a la fuerza.
Además de la violencia física ejercida, este tipo de acciones causa secuelas psicológicas a las mujeres y niñas por el despojo a la feminidad que se da cuando se vulnera el cuerpo. Esta situación también responde a los estándares de belleza que hace que el corte de cabello – realizado de manera forzada – las haga sentir en condición de vulnerabilidad. Aunque todos los tipos de violencia de género suelen responder a estructuras patriarcales15, es preciso que se discriminen los actos de violencia a partir de lo que lo desencadena como medida para reducir la impunidad. Es decir, se conoce de los casos donde el detonante de la agresión es una motivación personal asociada a crímenes pasionales, intrafamiliares o de agresores seriales. Y aquellos que ocurren en el campo de lo impersonal donde las mujeres son agredidas por el simple hecho de serlo o por pertenecer a un grupo étnico o social, como ocurre en el caso de las mujeres migrantes (Segato, 2014, pág. 65).
Por un lado, líderes y lideresas sociales han denunciado los casos para que, a través de la apertura de los pasos legales, se puedan minimizar las afectaciones humanitarias. Sin embargo, por sus labores de denuncia han sido amenazados y sufrido persecuciones. Hay incluso zonas rurales de los municipios fronterizos donde el ejercicio del liderazgo está totalmente prohibido por parte del actor armado.
Pero por otro, hay quienes señalan que mantener el silencio la situación que ven a diario, es la mejor herramienta de autoprotección. Por ello, varios han limitado su trabajo de liderazgo social a la escucha y la atención humanitaria.
De la trocha a la política exterior colombiana
Pese a los esfuerzos, se ha cuestionado que la única forma en la que el Estado colombiano ha intentado estabilizar las zonas de frontera sea a través del incremento del pie de fuerza. De acuerdo con actores locales, esta situación, en vez de desincentivar los usos de los pasos informales, han obligado a que su uso se realice en horas de la noche, exponiendo aún más a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y población LGBTI a todo tipo de violencias por parte de quienes ejercen control sobre esas áreas (Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, 2021).
En este caso en particular, minimizar el control de los grupos armados ilegales y las economías ilícitas propias de la frontera, deben ir de la mano con la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con Venezuela que permitan articular los esfuerzos en esta materia. Se insta a que la mirada de la política exterior colombiana se volque a ese paradigma de las Relaciones Internacionales de "mirar a los semejantes"16 donde se propenda a establecer relaciones horizontales que vayan en vía de lograr objetivos concretos a nivel regional.
También resulta fundamental que en el marco de fortalecimiento de cualquier tipo de acción que se tome, se creen espacios de trabajo formales para las mujeres de estas zonas. Aun cuando muchas de ellas accedan a ejercer la prostitución o el microtráfico como forma de subsistencia, la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, no precisamente se caracteriza por tener espacios sanos de trabajo y oportunidades laborales que contribuyan a minimizar el riesgo de las mujeres en la dinámica de la informalidad y la ilegalidad.
Desde UNODC (2021, págs. 23-25) se ha hecho un esfuerzo por promover que las estrategias que se adopten para contrarrestar el crimen organizado estén orientadas a reconocer que toda acción, independientemente el contexto, refleje la naturaleza compleja y multifacética del problema. Para lograr lo anterior, es preciso que se fomente la cooperación de los sectores involucrados – en este caso a nivel regional e internacional – para el intercambio de buenas prácticas y de información, de aplicación de justicia y reconocimiento de las víctimas, entre otros.
Notas
1 Es preciso mencionar que los cierres de la frontera han sido históricos y no se puede leer esta fecha como un único periodo del cierre fronterizo.
2 De acuerdo con ONG que prestan atención humanitaria y programas en materia de educación, alrededor de 600 niños estaría cruzando por trochas y corredores humanitarios para la asistencia a clases en territorio colombiano.
3 Como el ELN, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos, el Tren de Aragua, La Línea, entre otros.
4 Incluyendo sus diferentes finalidades como la explotación sexual y aquellas que se desarrollan por medios virtuales como las webcams.
5 Por ejemplo, cuando se decretan paros armados, ceses al fuego u otro tipo de violencias, las comunidades e instituciones, suelen desconocer la veracidad de la información. De acuerdo con actores locales e informes de centros de pensamiento, eran bien conocido el control de grupos como las guerrillas de las FARC y el ELN en esta zona.
6 Entrevista funcionario público Cúcuta, 2022
7 Personas que desempeñan un trabajo informal ayudando a cargar equipaje o enseres de quienes cruzan los pasos informales.
8 Entrevista líder social Cúcuta, 2022.
9 Por ejemplo, a principios del mes de julio del presente año, fueron capturados 6 policías adscritos a subestaciones de policía de la zona rural de Cúcuta y El Zulia. Los uniformados fueron acusados por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por cobros de vacunas en tramos de los pasos informales.
10 Término que hace referencia a una degradación de las normas sociales.
11 Esto se relaciona con el hecho de que en casos no hay quien denuncie victimización y en los que se hace, no se inicia la investigación por falta de documentación o porque la víctima no es de nacionalidad colombiana.
12 De acuerdo con OCHA, esta situación ocurre cuando una persona o comunidad sufre un evento asociado a la violencia o el conflicto armado, con otras situaciones como desastres naturales, migraciones, entre otros.
13 Entrevista funcionario público, 2022.
14 Hay casos donde las madres de niñas y jóvenes son quienes acceden a la venta del cabello de la menor.
15 Donde la finalidad es ejercer poder sobre las mujeres, tanto física y emocionalmente, cosificándolas, siendo desprovistas de su dignidad humana.
16 Termino traducido de la visión en relaciones internacionales de Réspice Similia.
Referencias
- Colmenares, E., Fuentes, M., & Mantilla, J. (2021). Una mirada a la trata de personas en Norte de Santander. Border Lab, Cúcuta.
- Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta Temprana 011-2020.
- Fundación Konrad Adenauer, Universidad del Rosario. (2020). Fronteras en alerta: ¿qué viene para Cúcuta y el Catatumbo? Bogotá.
- La Opinión. (12 de noviembre de 2020). Crimen de dos ‘trocheros’ en La Parada. Obtenido de https://www.laopinion.com.co/judicial/crimen-de-dos-trocheros-en-la-parada
- La Opinión. (03 de diciembre de 2021). Trochas, minadas por el contrabando. Recuperado el mayo de 2022, de https://www.laopinion.com.co/migracion/trochas-minadas-por-el-contrabando
- La Opinión. (27 de enero de 2022). Eran 'maleteros' los tres hombres asesinados en trocha 'La Isla'. Obtenido de https://www.laopinion.com.co/noticias/judicial/eran-maleteros-los-tres-hombres-asesinados-en-trocha-la-isla
- Mancilla, L. (2021). La violación sexual es política: las migrantes venezolanas en las fronteras colombo-venezolanas. Reflexión Política(48), 26 - 38. doi:10.29375/01240781.4237
- Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander. (2021). Boletín No. 3 Violencia de género y paralelismo estatal: por una política migratoria feminista ya.
- Segato, R. L. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Territorio, soberanía y crimenes de segundo estado. México DF: Universidad del Claustro de Sor Juana.
- Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Revista Sociedade e Estado, 341 - 371.