Publicado: 10 abr 2023
La administración ilícita del castigo – también conocida como “ajusticiamientos” – puede ser entendida como una de las tantas formas de control social que han impuesto los grupos armados ilegales en la historia del conflicto armado colombiano y que hasta hoy se mantienen vigentes en regiones como el Catatumbo en Norte de Santander.
El histórico ajusticiamiento en la región del Catatumbo
Diferentes organizaciones de derechos humanos de nivel nacional e internacional han documentado casos en los que los grupos armados ilegales han ejercido estrategias de control social a través de la imposición de normas de conducta, la intervención en conflictos familiares y comunitarios, la aplicación de castigos corporales, el escarnio público, la violencia sexual, entre otros (Amnistía Internacional, 2004; Human Rights Watch, 2020).
De acuerdo con Taussig (2003), históricamente en Colombia ha habido sectores -legales e ilegales- que han justificado estas acciones como forma de imposición de la “ley y el orden” bajo la justificación de que el sistema legal colombiano es ineficaz e indulgente. Este tipo de acciones tienen lugar especialmente en poblaciones con un precario acceso a la justicia y, en algunos casos, en lugares donde grupos armados ilegales han logrado permear a la institucionalidad.
En el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) titulado “Catatumbo: Memorias de vida y dignidad” (2018, págs. 229 - 236), las comunidades relatan cómo, desde la década de los ochenta, los grupos armados ilegales, más específicamente el ELN, las antiguas FARC-EP y el EPL, impusieron castigos en aras de “mantener el orden” de las zonas donde tenían injerencia como una estrategia para darle legitimidad social al proyecto guerrillero.
Estas acciones estaban orientadas a imponer castigos ilícitos contra presuntos ladrones y consumidores de drogas principalmente. También se presentaron reprensiones por las formas de vestir en hombres y mujeres, la orientación sexual diversa o el uso de accesorios considerados inapropiados -como el uso de piercing o aretes por parte de los hombres (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, pág. 545). Esta situación fue recurrente tanto en zonas rurales como en cabeceras municipales.
Adicionalmente, en conversaciones con actores locales, se pudo evidenciar diferencias en el discurso de lo que fueron los castigos por parte de grupos paramilitares, a través de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con injerencia en la región del Catatumbo, y aquellos provenientes de las guerrillas.
“Lo de los paramilitares no era tanto ajusticiamiento, era una violencia de represalias para proteger sus intereses. Las guerrillas en cambio alcanzaron a tener una mirada desde lo comunitario (…) había, y hay un castigo marcado hacia el involucramiento con economías ilícitas como el narcotráfico, los comportamientos políticos que quieren imponer a los líderes, a las mujeres. También han creado mecanismos entre ellos para castigar y están delegando a personas para que solucionen problemas por ejemplo de tierras [demarcación de linderos] y en problemas de pareja”. (Actor local, 2022)
Otras particularidades del fenómeno del paramilitarismo, al cual hoy se le teme su retorno a la región, se relaciona con las fuertes prácticas de control y castigo sobre mujeres que ejercían trabajos sexuales y personas de la población LGBTI. De acuerdo con el CNMH (2018, pág. 385), los paramilitares ejercieron sobre esta población mutilaciones, torturas, esclavitud sexual, homicidios y persecución como formas de castigo por la orientación sexual y por el simple hecho de ser mujer. Así mismo, impusieron “comportamientos ideales” como el cultivo de palma; las familias que sembraran la palma eran consideradas como “gratas y aceptables”.
Es así como la dinámica del accionar paramilitar, a través de múltiples formas de violencia, no sólo en la región del Catatumbo, sino también en gran parte de las zonas donde tuvieron injerencia, se convirtió en la norma y el día a día de las comunidades (Taussig, 2003, pág. 33).
A grandes rasgos, es posible vislumbrar que la administración ilícita del castigo generó dos posiciones en las comunidades. Por un lado, aquellas que lo vieron como una oportunidad para controlar el delito -principalmente el hurto en fincas y en las vías que conectaban a la región con ciudades como Cúcuta- que se estaban presentando con mayor frecuencia. Por otro lado, estaban quienes consideraban que estos castigos, en vez de generar estabilidad, generaban un incremento de la violencia.
Frente a esto último, y de acuerdo con actores locales1 e investigaciones del CNMH (2018, pág. 234), estas diferencias frente a los ajusticiamientos provocaron incluso el asesinato de líderes sociales, especialmente de presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes reivindicaban que era el Estado quien debía encargarse de la administración de la justicia y no los grupos armados ilegales.
Situación actual del castigo
A mediados de 2022, la Fuerza Pública rescató, en el municipio de El Tarra, a cuatro hombres que se encontraban secuestrados por la disidencia del Frente 33 las FARC. Esta organización habría detenido a estos ciudadanos como una supuesta forma de castigarlos por el consumo de sustancias alucinógenas, hurtos y la provocación de riñas. Además, fueron obligados a realizar trabajos forzados, a malas condiciones de alimentación y a la exposición pública (W Radio, 2022)2.
Tras un proceso de recolección y sistematización de noticias de prensa de medios locales, nacionales y de fuentes de monitoreo regional sobre administraciones ilícitas de castigo en Norte de Santander por parte de grupos armados ilegales realizado entre 2020 y 2023, se pudo encontrar al menos 42 casos públicos.
Registros de casos de “ajusticiamientos” o castigos ilegales por parte de grupos armados ilegales en Norte de Santander
Como supuestas causas se tiene que en el 62% de los casos fue por venta y/o consumo de drogas y por hurto en menor proporción se registran por cometer casos de violencia sexual y extorsión (ver gráfica 2).
Las características de estos casos van desde homicidios, en los cuales a la víctima se le deja un letrero donde se “justifica” la razón de la muerte – en ocasiones, firmado por el grupo armado ilegal – hasta castigos como barrer las calles o el escarnio público; donde las víctimas son amarradas en las plazas principales de los municipios con un cartel que señala el hecho cometido por la persona castigada.
Los grupos armados ilegales también hacen uso de las redes sociales para enviar advertencias de castigos por consumo de drogas, el ejercicio de trabajos sexuales por parte de las mujeres y otros comportamientos calificados como inapropiados. Frente a esto, se destacan los videos que estuvieron circulando en los últimos años sobre mujeres que eran estigmatizadas y amenazadas por la forma en cómo manejaban sus cuerpos. Varias de las mujeres expuestas en estos medios digitales terminaron siendo víctimas de feminicidios.
De acuerdo con la base de datos de organizaciones criminales de UNODC, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra cabecillas de la disidencia por 6 de los 8 casos de feminicidios con mayor avance en investigación ocurridos durante 2021 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para le Región Andina y el Cono Sur, 2022).
Porcentaje de "causales" de los ajusticiamientos
La Defensoría del Pueblo (2021, pág. 9) ha reseñado que, desde finales de 2019, la disidencia del Frente 33 de las FARC comenzó a hacer más visible la imposición de normas de conducta y los llamados “ajusticiamientos” de personas como estrategia de imposición del orden en toda la región del Catatumbo.
Esto también coincide con los registros encontrados y los testimonios de actores locales en los que se señala que la disidencia, gracias a su paulatino fortalecimiento y a su interés por recuperar el control social y territorial, ha intentado, a través de este tipo de acciones, conseguir legitimidad en las comunidades. A esta disidencia se le han atribuido al menos el 40% de los casos de administración ilícita del castigo (ver gráfica 3) y los municipios del Catatumbo más afectados por estos delitos son Tibú y El Tarra.
Mapeo de casos de administración ilícita del castigo por parte de grupos armados ilegales en Norte de Santander 2020 – 2022
A pesar de que estas estrategias de “ajusticiamientos” parecieran ser una generalidad en la región, las mismas están lejos de generar sentimientos de legitimidad y orden como los planteados en el proyecto guerrillero de los años 80.
Actualmente, la imposición de normas sólo está generando temor y zozobra en la población. Lo anterior, aunado al temor de “volver a la época de violencia paramilitar”.
Además del temor y la violencia desmedida que están generando los casos, éstos se manifiestan como un elemento más de la descomposición del tejido social por la desconfianza que los castigos ilícitos generan en las comunidades, la afectación de la percepción y señalamientos entre los habitantes de la región, además del incremento de sentimientos xenófobos dado que varias de las víctimas de estos castigos son jóvenes de nacionalidad venezolana que migraron con la crisis social en ese país.
Dicha desconfianza en las relaciones sociales, continúan obstaculizando el desarrollo individual y colectivo de comunidades que además de vivir en medio del conflicto armado, sobreviven ante el bajo nivel de oportunidades socioeconómicas. Es preciso que para reconstruir la visión de las formas de justicia por parte de las comunidades y prevenir eventos de ajusticiamiento – legitimados o no por sectores de la comunidad – el Estado busque estrategias integrales que mejoren los niveles de acceso y garantías de derechos en zonas como el Catatumbo donde buena parte de la institucionalidad no ha logrado operar por la inestabilidad de la región.
1 Entrevista actor local Tibú, 2022; Entrevista actor local Sardinata, 2022.
Notas
2 Otro caso, que permitió visibilizar aún más el día a día en la región del Catatumbo, fue el de un menor y un joven que fueron asesinados por parte de la disidencia momentos después de que fueran detenidos por la comunidad tras hechos de hurto (La Opinión, 2021).
Referencias
- Amnistía Internacional. (2004). Colombia cuerpos marcados, crímenes silenciados.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). Catatumbo: memorias de vida y dignidad. Bogotá: CNMH.
- Defensoría del Pueblo. (2021). Alerta Temprana 004-2021.
- Human Rights Watch. (2020). “Los guerrilleros son la policía” Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.
- Human Rights Watch. (15 de julio de 2020). Colombia: Brutales medidas de grupos armados contra Covid-19. Obtenido de https://www.hrw.org/es/news/2020/07/15/colombia-brutales-medidas-de-grupos-armados-contra-covid-19
- La Opinión. (08 de octubre de 2021). Por estar robando, la disidencia mató a dos jóvenes en Tibú. Obtenido de https://www.laopinion.com.co/judicial/por-estar-robando-la-disidencia-mato-dos-jovenes-en-tibu
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para le Región Andina y el Cono Sur. (julio de 2022). Sistema de Análisis de Grupos Armados (SAGA). Obtenido de https://saga.unodc.org.co/es/
- Taussig, M. (2003). Law in a lawless land: diary of a Limpieza in Colombia. Chicago: The University of Chicago Press.
- W Radio. (08 de junio de 2022). Ejército Nacional rescató a cuatro personas en el Catatumbo. Obtenido de https://www.wradio.com.co/2022/06/08/ejercito-nacional-rescato-a-cuatro-personas-en-el-catatumbo/